La campaña del gobierno en contra de las altas cortes deja en evidencia la importancia de estas para la democracia y el Estado de derecho, así como su papel esencial no solo para plantear límites al actuar del ejecutivo, sino también para garantizar el debido cumplimiento de la Constitución y las leyes. El gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, ha adoptado un discurso en el que sistemáticamente intenta desestabilizar todas las instituciones cuyo objetivo es fijar límites al poder, desde la libertad de prensa y los entes de control hasta el ejercicio de la justicia, en cabeza de las altas cortes.
Hace solo unas semanas, el presidente convocaba una marcha con el fin de presionar a la Corte Constitucional en la revisión de la reforma pensional, cuya constitucionalidad es cuestionable, especialmente por haberse omitido el cuarto debate en la Cámara de Representantes, donde fue aprobada sin siquiera haberse discutido. Aunque esto pueda parecer una mera formalidad, es impensable que se apruebe una reforma de tal envergadura violando el procedimiento establecido en la Constitución, sin que hubiera ningún reparo por parte de los congresistas que votaron a su favor. Presionar políticamente a la Corte Constitucional solo muestra el irrespeto del presidente hacia los principios más elementales de independencia de la separación de poderes, y refleja su desconocimiento de los compromisos que asumió al llegar a la presidencia de la República. Dicho esto, si la Corte Constitucional considerara que la reforma es inconstitucional, ya sea por razones de fondo o de forma, es deber del presidente respetar esta decisión y acatarla. Por supuesto, una decisión de la Corte en ese sentido no desconocería ni el mandato popular ni las reformas sociales derivadas de este; sin embargo, no solo es necesario el apoyo político para una reforma, sino que esta se ajuste a la Constitución tanto en su contenido como en la forma en que se aprueba.
El presidente y su gobierno deben entender que las decisiones de las altas cortes no están a merced de sus intereses políticos, sino que responden a su mandato constitucional. Estas decisiones no están para satisfacer ni oponerse a los intereses del gobierno, sino para procurar el fiel cumplimiento del régimen jurídico vigente. En ese orden de ideas, la ciudadanía debe comprender la importancia de las cortes en momentos tan complejos para el país, confiar en su criterio y reconocer su independencia como instituciones de justicia.
Una nota adicional sobre el mismo tema: no le favorece en absoluto al embajador de Colombia en la OEA, Luis Ernesto Vargas Silva, cuestionar a las altas cortes y sus ternas. Esto no solo es un irrespeto a la independencia judicial, sino que lo suma a los miembros del gobierno actual que exigen para sí lo que no son capaces de reconocer a los demás: independencia y respeto.
@tatidangond
