Parece mentira, como si fuese un paisaje de ficción que se esparce lentamente provocando vergüenza máxima o hilaridad suprema, en un país como Colombia de una esencia legalista que nos enorgullece. Pero es la realidad cruda emanada de el organismo más alto de la Constitución del Estado para calificar delitos. Como diría Recassens el tema colinda casi con el ridículo en medio del asombro y la incredulidad. La Fiscalía General de la Nación en su cumbre bien ganada de respetabilidad acaba de emitir una “directiva para las protestas” que es auténticamente el permiso para quienes quieren delinquir, violar la Ley, ultrajar al Estados traspasar fronteras de la impunidad o volarse todas las jurisprudencias existentes posible, lo hagan libremente porque los protege la misma Fiscalía nada menos.
Se trata de la decisión del gobierno de no criminalizar el delito cuando se cometa dentro de las protestas sociales. Aquí vale analizar que éstas, las protestas, son válidas y permitidas por nuestra Ley si se ejercen, se traducen en un acto pacifico, que no viole la Ley en ningún sentido. Pero dentro de ellas debe observarse el orden y el cumplimiento del respeto colectivo como lo señala el Código Penal colombiano y más profundamente, sublimemente, nuestra Constitución Política, máxima ley.
Pero no; en adelante según la Fiscalía, los manifestantes de toda índole tienen licencia para bloquear calles y carreteras, asociarse para delinquir, matar, asesinar, usar armas de fuego, uso de sustancias peligrosas, romper vitrinas y sobre todo prohíbe que la Fuerza Pública, es decir la Policía intervenga en defensa de la ciudadanía y de los bienes y patrimonios. Es decir, por más absurdo que parezca el mismo Estado establece y trata de legalizar lo que prohíbe la Constitución y las Leyes. Es imposible que una simple Directriz, o sea un comunicado, una orden, una disposición, se estrelle en su enunciado contra el Código Penal.
En la jerarquía del orden jurídico de acuerdo a la estructura del orden legal que con tanta justificación nos enorgullece ante el mundo, jamás, léase bien, jamás una simple decisión de un organismo oficial de formato administrativo puede violar, ignorar o burlarse de un Código que encierra, contiene Leyes aprobadas por el rígido sistema de la conjunción de los poderes. Eso significa que el Código Penal es una Ley y tuvo y es aprobado por el Congreso que es el organismo que aprueba las Leyes. De modo que legalizar el delito en aras de invocar la impunidad para quienes van a delinquir es abrir una vía rápida a la impunidad y el desorden, a la falta de respeto por la institucionalidad, a la entrega de una licencia para violar todas las normas. Francamente el país no puede entender esta decisión que según la Fiscalía es una solicitud del gobierno.
