Colombia identificada como “un Estado social de derecho” con autonomía de sus entidades territoriales democráticas, participativas y pluralistas. Donde le está permitido a los ciudadanos participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pudiendo ser elegido o eligiendo, partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin ninguna limitación. También el estado garantiza la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, donde la paz es un derecho y un deber de cumplimiento obligatorio, donde las garantías a los derechos humanos fundamentales y el respeto por la dignidad humana imperan por mandato constitucional, donde el presidente de la república legítimamente elegido simboliza la unidad nacional, tiene las facultades para elegir a los ministros y los directores de los departamentos administrativos que ejercerán la funciones al servicio de los intereses generales, con fundamento en la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad.
De esta manera, y teóricamente, el gobierno se asemeja a la perfección; claro está, que no deja de ser un proyecto deseable pero irrealizable por razones y circunstancias que todos conocemos, “la politiquería, el clientelismo, la corrupción, la ambición por el poder”.
El sistema de gobierno establecido por la Constitución de 1886 y de 1991 sería perfecto si no existiera un estado federado culturalmente. Me refiero a que los cincuenta y dos millones de colombianos que habitan a lo largo y ancho del territorio, están divididos por fronteras socioculturales. No existe identidad alguna culturalmente entre un guajiro y un pastuso, o entre un chocoano y un llanero. Las regiones caribe, andina, pacífica, Orinoquía, amazónica y zona insular, culturalmente son gobernadas por sus propias tradiciones ancestrales, folclóricas argumentos suficientes para que administrativamente el sistema de gobierno y la legislación a aplicar, sea distinta en cada una de ellas. La diversidad de los climas, de la geografía, no permite que algunas regiones surjan con la misma facilidad que lo hacen otras generando una trasgresión a los principios constitucionales de la igualdad, de la solidaridad.
De no tener en cuenta esta federación cultural y no darles autonomía política a las regiones para que construyan un ordenamiento jurídico conforme a la cultura local, a las necesidades de las comunidades que conforman estos territorios que llamamos departamentos, las regiones estarán condenadas a la marginación y a la incongruencia que genera legislar para un país tan diverso y tan culturalmente federado.
