La incapacidad del Gobierno nacional para cumplir sus promesas se ha vuelto una constante, como ha quedado en evidencia en el manejo de las tarifas de energía. Hace más de seis meses anunciaron la reducción de las tarifas, creando una expectativa clara: bajar el costo para la gente. Pero el tiempo pasa, no sucede nada, y cuando finalmente toman acción, enredan más la pita.
El problema es sencillo y está sobrediagnosticado. El Gobierno tiene las herramientas necesarias para atacar los tres frentes que generan sobrecostos. Primero, tiene la capacidad de ajustar la fórmula tarifaria que regula el costo de la generación de energía en la bolsa, pero los precios siguen disparados, como el miércoles pasado que llegó a 1.540 pesos el KW. Segundo, puede eliminar de la fórmula tarifaria una de las mayores injusticias: que los usuarios cumplidos pagamos las pérdidas generadas por aquellos que roban la energía. Y, finalmente, está la opción tarifaria, una deuda de pandemia que el Gobierno nacional prometió cubrir; pero ya para qué, si en el caso de Air-e ya en noviembre todos los atlanticenses la habremos cubierto.
En este punto el Gobierno no solo no ha avanzado en esos frentes, sino que ha tomado la decisión de retirar el cobro de terceros de la factura de energía, en un intento por dar la percepción de que está haciendo algo. Sin embargo, esto no solo no resuelve el problema de fondo, porque las tarifas seguirán altas, sino que, además, desencadena nuevos problemas para los municipios, especialmente los más pequeños. Imagínense ese municipio que no tiene capacidad de recaudo, quedándose entonces sin posibilidad de alumbrado público, agravando situaciones complejas como la inseguridad. El remedio termina siendo peor que la enfermedad.
Entonces, cuando las consecuencias de estas malas decisiones empiezan a hacerse evidentes, el Gobierno recula y habla de “concertación”. Pero ¿concertar qué? Cuando es claro dónde están las soluciones y quieren es desviar el camino. ¿Será que la concertación significa no coordinarse con los entes territoriales como exige la Constitución? Es incomprensible y hasta curioso que ahora el reto más grande está siendo resolver la relación público-público, porque irónicamente funcionaba mejor la coordinación entre los entes territoriales y el sector privado, que la relación con el Gobierno central.
Lo que debería ser una colaboración fluida entre el Estado y las regiones se ha convertido en una constante negociación, como si los gobiernos locales fueran entidades ajenas y los ciudadanos tuvieran que rogar a sus propios líderes para que alguien atienda sus problemas. Es hora de que dejen de disfrazar el problema con falsas percepciones de gestión y se dediquen a ofrecer resultados coordinados, con soluciones que funcionen para todos. Espero estar equivocado, pero lo irónico será que, por lo menos en el Atlántico en un tiempo muy corto, seguro extrañaremos a Air-e.
