La propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que toma curso actualmente se enmarca en un contexto de esfuerzos históricos por descentralizar el poder y redistribuir los recursos. Desde la Constitución de 1991, se buscó darle más autonomía a los departamentos y municipios, asegurando que recibieran el 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) para atender necesidades en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, las reformas de 2001 y 2007 marcaron un retroceso, limitando estas transferencias y debilitando la capacidad de los entes territoriales para gestionar sus competencias.
La intención de la reforma actual es corregir este desequilibrio. El proyecto busca devolver a los departamentos y municipios la senda de crecimiento establecida por la Constitución del 91, alcanzando de nuevo el 46,5% de los ICN para 2034. Este esfuerzo tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión territorial, permitiendo a las regiones asumir con mayor eficacia las competencias que han sido transferidas sin los recursos suficientes para ejecutarlas. Además, esta reforma se presenta como una solución para mejorar la implementación del Acuerdo de Paz en municipios vulnerables, donde la falta de recursos ha impedido avanzar en la transformación territorial prometida.
Esta reforma es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente por sí sola. Si bien el aumento de los recursos es crucial, debe ir acompañado de un análisis profundo sobre la descentralización de competencias y una clara asignación de responsabilidades. Las regiones no pueden seguir siendo receptores pasivos de políticas centralistas; es imperativo que tengan la capacidad de gestionar y financiar sus propios desarrollos, con criterios de eficiencia y transparencia. La propuesta podría encontrar su viabilidad fiscal siempre que el gobierno central ceda competencias que hoy gestionan agencias nacionales, permitiendo que las entidades locales tomen las riendas.
En definitiva, esta reforma podría ser el inicio de un cambio estructural hacia una mayor autonomía territorial, pero debe ser implementada con responsabilidad. Los gobiernos locales deben asumir el compromiso de manejar adecuadamente los recursos que se les asignen, bajo estrictos controles de transparencia y eficiencia. Solo así podremos consolidar una verdadera descentralización que responda a las necesidades de las regiones y asegure el bienestar de todos los colombianos.
