En 2026 se realizarán las elecciones presidenciales más polarizadas de la historia reciente en nuestra Nación.
Es fácil vaticinar el escenario de las presidenciales 2026. De un lado, estará el escenario más demostrativo del canibalismo político, entre los feroces zombis representativos de la Izquierda y derecha, matándose desde los dos extremos ideológicos, con el firme objetivo de seguir la misma disputa de siempre para demostrar quienes son los mejor saqueando las arcas públicas.
De otro lado, un pueblo sumido en el mas profundo letargo producto de la falta de cultura política, oportunidades y bienestar, enterrado en la pobreza mental, que los hace presa fácil y manipulable de los de izquierda y derecha.
Es por ello importante entender que la democracia no solo se ejerce al momento de elegir los gobernantes, sino también a través de mecanismos de participación ciudadana. Tal como la revocatoria del mandato, que permite a la ciudadanía revocarle el mandato a un alcalde o a un gobernador, sea por incumplimiento de su programa de gobierno, o por insatisfacción ciudadana en general.
La revocatoria del mandato como mecanismo de participación ciudadana materializa la democracia participativa que nos rige desde 1991, se encuentra regulada por las leyes: 131 y 134 de 1994, y, por la Ley 1757 de 2015.
La verdadera antesala del cambio perseguido en las elecciones presidenciales 2026, no son la actual pelea entre gobierno y oposición, que no nos lleva a nada distinto que a profundizar las brechas sociales, al odio visceral entre iguales, pobreza y embrutecimiento mental de la sociedad, sino, la revocatoria del mandato de los alcaldes de los municipios donde vivimos y gobernadores de departamento, quienes son la verdadera primera línea de corrupción de la izquierda y la derecha, que nos tienen jodidos.
El poder de la revocatoria del mandato radica en su capacidad de otorgar poder a los ciudadanos, permitiéndoles sacar de la administración a sus gobernantes de manera directa, porque incumplieron su mandato otorgado mediante la elección de su programa de gobierno a través del voto popular.
A partir del 1 de enero de 2025, los ciudadanos colombianos en su condición de pueblo soberano podrán revocar el mandato a sus alcaldes corruptos o por su deficiente gestión que causa malestar generalizado.
De tal suerte que, la revocatoria del mandato no solo fortalece la democracia, sino que también empodera a las comunidades, dándoles la oportunidad de hacer valer sus intereses y necesidades, constituyéndose en la antesala de las elecciones de 2026 para escoger un presidente que todavía no se avizora. Todos los precandidatos son más de lo mismo y otros sí que peores.