La Alcaldía Distrital de Barranquilla anunció esta semana la expedición del decreto 785 de 2024, que prohíbe la circulación de «carros de mula» o vehículos de tracción animal (VTA). La medida es una ampliación de un acto similar que estaba en vigencia desde el 2014, que prohibía la circulación de ese tipo de vehículos en varias de las vías más importantes de la ciudad, y que ahora se extenderá a toda la jurisdicción distrital. A su vez, esos decretos daban alcance a la ley 769 del 2002, que determina la erradicación de los VTA en un término de un año contado a partir de la iniciación de su vigencia. En ese documento se prohíbe su tránsito en los municipios de categoría especial y en los municipios de primera categoría del país, instando a las autoridades de tránsito a retirarlos a partir de esa fecha (teóricamente, en agosto de 2003).
Desde luego, una cosa es expedir los decretos y las leyes, y una muy diferente es tener la capacidad para hacerlos cumplir. Estas prohibiciones son una buena prueba, dado que el tránsito de VTA persiste en buena parte de nuestra ciudad, y aunque se han adoptado acciones para erradicarlo definitivamente, aún no se logra. A veces la disonancia es casi cómica: creo que buena parte de los lectores no sabe que el perifoneo desde los «carros de mula» está prohibido desde el 2014, y aún así, es posible que mientras leen esta columna, puedan escuchar la megafonía anunciando compra de chatarra. Cosas de mi pueblo.
Sin embargo, hay que insistir en la tarea. Es posible que el principal inconveniente tenga que ver con la ausencia de regulación en otros municipios del área metropolitana, que no han expedido decretos ni tomado las medidas de sustitución que corresponden. Se estima que en Galapa, Soledad, Puerto Colombia y Malambo hay más de tres mil VTA circulando libremente, lo que eventualmente propiciará tránsitos por la jurisdicción de Barranquilla. El asunto no es perseguir insidiosamente a quienes conducen ese tipo de vehículos, sino ofrecerles otro medio de subsistencia y el apoyo necesario para que hagan una transición razonable. Así que mientras los municipios vecinos no actúen en concordancia, el problema probablemente seguirá y terminará recargando a las autoridades locales, que ya tienen bastantes líos en sus manos.
En cualquier caso, la iniciativa merece el apoyo ciudadano. Si se hace bien, se evitarán lamentables circunstancias de maltrato animal y se podrá mejorar la calidad de vida de quienes obtienen su sustento mediante el uso de VTA. De paso, algún accidente se evitará. Un escenario en el que todos ganamos.
