El gobierno nacional envió el borrador del Decreto 1275 de 2024 que otorga a las comunidades indígenas la capacidad de ser autoridades ambientales en sus territorios. No se puede negar la relevancia de incluir a estas comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de sus tierras, pero debemos ser claros: el manejo del medio ambiente no puede depender de creencias y conocimientos tradicionales, por valiosos que sean. En un contexto donde los recursos naturales están bajo constante amenaza y donde los proyectos de infraestructura y minería son cada vez más complejos, la ciencia y la técnica no deben ser ignoradas.
Los estudios de impacto ambiental requieren un conocimiento profundo y especializado. Hablamos de geología, biología, hidrología, ingeniería y muchas otras disciplinas que han desarrollado metodologías precisas para anticipar los efectos de las intervenciones humanas sobre el medio ambiente. Al darle a las autoridades indígenas el poder de decidir sobre estos estudios, corremos el riesgo de tomar decisiones mal fundamentadas, que podrían tener consecuencias irreversibles para nuestros ecosistemas.
Hoy en día, cualquier estudio ambiental serio se basa en tecnologías avanzadas: modelado geológico, sensores remotos, análisis de suelos, por mencionar solo algunos. ¿Cómo se espera que comunidades sin acceso a estos recursos tomen decisiones informadas sobre proyectos complejos? Sin la participación activa de expertos que dominen estas tecnologías, estamos dejando una gran parte de la ecuación por fuera.
La transición energética, por ejemplo, requiere proyectos de minería para extraer minerales clave como el cobre, el litio o el cobalto. Estos proyectos, necesarios para impulsar energías limpias, dependen de estudios serios y rigurosos que analicen su impacto ambiental. Si los permisos para estos proyectos dependen de decisiones que no tienen un fundamento técnico adecuado, podríamos enfrentar retrasos y problemas significativos en su implementación. El país no puede darse el lujo de comprometer su desarrollo energético por decisiones mal informadas.
No se trata de excluir a las comunidades indígenas del proceso, pero tampoco se puede relegar a un segundo plano el conocimiento científico. El futuro de nuestros recursos naturales, la biodiversidad y el desarrollo sostenible depende de decisiones basadas en evidencia, no en creencias o presiones externas. En lugar de avanzar hacia una gestión ambiental donde la ciencia y la técnica sean las bases, corremos el riesgo de retroceder, dejando de lado las herramientas que han demostrado ser fundamentales para la conservación y protección del medio ambiente.
*Director del Observatorio de Transición Energética del Caribe OTEC – Universidad Areandina
