A pesar de la implementación de política pública y de diversos programas sociales para superar la pobreza y reducir la desigualdad a lo largo del ciclo de la vida, nuestro país continúa con la deshonrosa designación de ser una de las naciones con mayor desigualdad a nivel mundial. El Banco Mundial presentó, el pasado 15 de octubre, su primera evaluación pospandemia del progreso mundial, a través del ‘Informe sobre pobreza, prosperidad y planeta: caminos para salir de la policrisis’.
El análisis aporta datos de suma relevancia como que 700 millones de personas (el 8,5 % de la población mundial) viven en extrema pobreza, con menos de 2,15 dólares al día, en un contexto de bajo crecimiento apuntalado por la covid-19, incluso, con tasas de pobreza, en los países de bajos ingresos, más altas que antes de dicha calamidad. El total estimado de las personas que siguen estando en condición de pobreza son 3500 millones: 44 % de la población mundial, según el estándar de 6,85 dólares por día.
En cuanto a los niveles de desigualdad en el ingreso o en el consumo, en 167 países, basados en el indicador del coeficiente de Gini, tristemente, Colombia está ranqueada como la tercera más desigual, solo superada por Sudáfrica y Namibia. Además, está listada en la categoría de desigualdad alta ―por su puntaje de 54,8 en el Gini― una de las tres que se miden, junto a moderada y baja. En el otro extremo está Eslovaquia, con la menor desigualdad; seguida de Eslovenia, Bielorrusia, Ucrania, entre otros.
En consecuencia, Colombia es la primera nación más desigual en Latinoamérica, seguida de Brasil (con 52 puntos) y México (43,5 puntos). A nivel nacional, según el Dane, Bogotá y Cartagena poseen los indicadores más altos de desigualdad, a 2023; seguidas de Riohacha, Quibdó y Valledupar.
El Banco Mundial define que: “La alta desigualdad puede reflejar una falta de oportunidades de movilidad socioeconómica, lo que puede obstaculizar aún más las perspectivas de crecimiento inclusivo y reducción de la pobreza a lo largo del tiempo”. Es decir, con mayores oportunidades de acceso y apoyo al emprendimiento empresarial, acceso al empleo formal, al incremento de la cobertura de educación media y superior de calidad, el financiamiento a nuevas empresas, entre otras acciones que promuevan prosperidad, se empezará a bajar el lastre de la pobreza y la desigualdad, que nos permita consolidar los derechos ciudadanos, la seguridad social y la democracia.