Escuchar en la misma semana a Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas y José Manuel Restrepo, y ver una carta 25 de los más reputados y competentes economistas del país, hablando de la posible quiebra del estado Colombiano puede asustar a cualquiera. Y aún más a los que valoramos tremendamente a la tecnocracia que ellos representan y que ha liderado con temple y éxito en las últimas décadas las instituciones económicas del país incluyendo el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación.

Al mismo tiempo, para todos los que hemos estudiado y trabajado por el desarrollo económico y social de las regiones, genera ilusión escuchar que avanza un proyecto de reforma constitucional que aumenta los recursos del Sistema General de Participación para que los departamentos y alcaldías tengan mayor autonomía y presupuesto.

Lo que no casa, y crea una especie de disonancia cognitiva, es que los primeros estaban hablando sobre lo segundo. Y sorprende aún más cuando, si bien aún faltan dos debates en la Cámara de Representante, el país político da por hecho que la reforma va a pasar dado el arrasador apoyo que obtuvo en el Senado.

¿Qué tiene este proyecto legislativo que tanta angustia genera en quienes más saben de economía en Colombia? ¿Por qué la distancia entre los técnicos y los políticos? ¿Por qué la discusión de inflexibilidades no incluye también un componente sobre cómo hacer el gobierno más eficiente? ¿Qué tan alto es el riesgo que el gobierno nacional no pueda pagar la deuda pública? ¿Por qué no se percibe más bien como una oportunidad para volver realidad el anhelo generalizado de mayor presencia del estado por fuera de la capital? ¿Cuáles deben ser las competencias que se asignarían a los gobiernos locales con los nuevos recursos?

No creo que estas preguntas tengas respuestas definitivas, y ciertamente no cabrían en una sola columna, pero si pueden indicar hacia donde debe ir el debate de la descentralización, que por primera vez en años y gracias al avance inesperado de esta reforma, está en el epicentro de la discusión pública en Colombia.

Como contexto, es importante mencionar que casi el 60% del SGP va para educación y el 25% para salud y que como está hoy no es suficiente para la cobertura y calidad que se requiere. Como ejemplo puntual, en Barranquilla en 2023, la ciudad gastó casi 100.000 millones de recursos propios solo en educación para completar las transferencias y la mayoría de las ciudades intermedias no tiene como hacer esos aportes adicionales. Por eso esta discusión es trascendental en lo político y lo técnico. En la próxima columna seguimos.