La intención de atacar y bloquear al país por parte del gobierno de Gustavo Petro es inexplicable. Esta semana se materializó con dos decisiones de la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad. La primera el bloqueo al que condenó a Bogotá al impedir abusivamente realizar la prolongación de la avenida Boyacá porque se afecta, presuntamente, la reserva ambiental Van der Hamen. No cuenta públicamente que el proyecto solo utilizaría 20 hectáreas de las 1395 que tiene la reserva. Esta decisión se une al bloqueo que tiene el ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) para impedir la ampliación de la autopista norte en Bogotá, el tren de cercanías de occidente Cundinamarca- Bogotá o el mismo metro de la capital de la República. Todo esto por el rencor que existe con el desarrollo y porque los funcionarios del gobierno nacional son todo menos ejecutores sino activistas y radicales. Esta situación que vive Bogotá se extiende a todo el país. En el caso del Caribe la ofensa es permanente, ejemplo de ello, es la parálisis de la doble calzada Barranquilla- Ciénaga y sus dos viaductos, el canal del Dique y el atraco que quieren hacerle a los caribeños con una valorización a más de 243,000 predios que se encuentran ubicados entre Cartagena y Barranquilla para recoger 2.3 billones de pesos. Lo grave es que esa plata seguramente no se invertirá en el caribe sino terminará pagando subsidios en otros departamentos en el interior del país o premios de 1 millón de pesos a los delincuentes que dejen de delinquir. En Antioquia, bloquearon el túnel del Toyo y el metro de la 80 en Medellín. En el Valle del Cauca el tren de cercanías o la carretera Mulalo- Loboguerrero y así podríamos seguir en todo el territorio nacional. La otra aberración administrativa realizada por ese ministerio fue el freno a la licencia para explorar y explotar el pozo de gas komodo I en el cual OXY había invertido 200 millones de dólares. La decisión del ministerio está atada a la peregrina explicación de que es muy difícil realizar un análisis técnico y ambiental del proyecto, que los ecosistemas no han sido estudiados y que hay riesgos asociados a la explotación de hidrocarburos. Esto en palabras simples quiere decir que en el 2025 no habrá gas en el país y que tendremos que importarlo, lo que implicará que la factura se multiplique por tres. Ahora bien, si el presidente Petro no se digna a firmar un decreto para autorizar que el gas importado entre a la planta de regasificación en Cartagena para después ser comercializado, nos tocará racionamiento de gas en el territorio nacional, con una afectación mayor en el interior del país. Actualmente solo se autoriza que el gas importado sea para beneficio de las térmicas, pero no para otros fines. En fin, sin gas, seguramente sin energía, sin infraestructura y con un ánimo de bloquear al país, el gobierno Petro entra en su última etapa. Nos toca aguantar para que todo se revierta a partir del 2026. Adenda. Ahora el gobierno se quiere meter con nuestra Selección de Fútbol que es lo único que funciona en Colombia. Como no les gusta Barranquilla y quieren seguir agrediendo al Caribe, ahora quieren sacarla de su casa histórica. Mantengan sus manos fuera de eso. No vamos los colombianos a permitir que repitan la ofensa de habernos quitado los juegos panamericanos. Respeten.