Las recientes cifras sobre la tasa de fecundidad en Colombia, que han caído a 1.7 hijos por mujer, nos invitan a reflexionar sobre un fenómeno que, aunque aparentemente positivo, plantea desafíos para el futuro del país. Este descenso, por debajo del nivel de reemplazo generacional (2.1 hijos), refleja transformaciones demográficas y sociales que merecen atención.

En principio, la caída de la fecundidad puede verse como un signo de progreso. Menos nacimientos sugieren mayores niveles de autonomía para las mujeres, mejor acceso a la educación y mayor capacidad de planificación familiar. La creciente participación femenina en el mercado laboral y la toma de decisiones sobre la maternidad son factores clave en este cambio. Sin embargo, los efectos de esta tendencia podrían generar preocupaciones a largo plazo.

Uno de los impactos más evidentes es el envejecimiento de la población. En Colombia, como en otras naciones latinoamericanas, el número de personas mayores está aumentando rápidamente, mientras que la base joven de la pirámide poblacional se estrecha. Esto podría generar tensiones en el sistema de pensiones, en la sostenibilidad del sistema de salud y en la capacidad del Estado para mantener el bienestar de una población envejecida. ¿Cómo se sostendrá a los adultos mayores si la cantidad de trabajadores activos disminuye?

La disminución de la fecundidad también afecta el mercado laboral. Menos nacimientos significan menos jóvenes para ingresar al mercado de trabajo, lo que podría frenar la productividad del país. Sin políticas que fomenten la inclusión de la mujer, la migración laboral o el impulso de la innovación, Colombia podría enfrentar una desaceleración económica por la falta de mano de obra joven.

Este fenómeno no es exclusivo del país, pero sus causas deben entenderse en su contexto local. A medida que más mujeres acceden a la educación y la vida laboral, muchas postergan la maternidad o eligen no tener hijos. Las razones son diversas: inseguridad, altos costos de vida y dificultades económicas. Además, la crianza en un contexto urbano se ha vuelto más compleja.

Para enfrentar estos cambios, es crucial que las políticas públicas se adapten. El Estado debe promover la conciliación entre la vida laboral y familiar, ampliando las licencias de maternidad y paternidad, ofreciendo servicios de cuidado infantil accesibles y promoviendo horarios flexibles. En segundo lugar, el sistema de pensiones debe reformarse para asegurar su sostenibilidad en un contexto de población envejecida. La clave está en anticiparse a estos cambios para garantizar un futuro equitativo para todas las generaciones.