En la región Caribe estamos a punto de enfrentar una monstruosa injusticia: el cobro de valorización, un tributo que el gobierno insiste en imponer, ignorando la ilegalidad e inconveniencia de la medida. A pesar de los argumentos en su contra y el impacto devastador que tendrá sobre miles de familias en Bolívar y Atlántico, la ministra de Transporte ha sido tajante: el cobro va para adelante y comienza en marzo.
Ya existen demandas en curso, como las presentadas por Camacol y varios senadores, las cuales debemos respaldar de manera conjunta. Sin embargo, las probabilidades de que el cobro se suspenda antes de marzo son, lamentablemente, bajas. Nuestra mejor opción es formar un frente unido contra este atropello. Tenemos solo cuatro meses para montar una estrategia que evite que le paguemos un solo peso al gobierno, sin poner en riesgo el patrimonio de la gente.
Debemos prepararnos para presentar demandas individuales apenas llegue el cobro. Esto es más fácil de decir que de hacer y será un reto por varias razones. Primero, las facturas no llegarán al mismo tiempo a los 188 mil predios afectados en Bolívar y Atlántico. Segundo, una vez recibida la factura, solo hay diez días hábiles para interponer el recurso ante Invías antes de que se active el cobro. ¿Cuántas personas estarán fuera de su predio, o simplemente no recibirán la notificación a tiempo? Tercero, muchos de los afectados no tendrán acceso a un abogado que les ayude a responder o demandar. Por esto todos, incluso aquellos a quienes no les afecte directamente este cobro, debemos colaborar y coordinar esfuerzos.
El primer paso es masificar el mensaje: informar y preparar a la ciudadanía antes de marzo. Redes sociales, medios de comunicación y el voz a voz serán herramientas valiosas para asegurarnos de que los propietarios de tierras sepan cuál es el procedimiento y estén listos para actuar cuando llegue el momento.
También necesitamos el apoyo de las universidades, los consultorios jurídicos y firmas de abogados, diseñando recursos tipo que puedan presentarse virtualmente ante Invías. Si logramos que 188 mil recursos sean radicados, obligaremos a Invías a responder cada uno de ellos. Y si niegan esas peticiones, como seguro lo harán, debemos estar listos para interponer demandas ante los jueces competentes, porque solo un juez podrá detener el cobro, sin generar intereses de mora o poner en riesgo el patrimonio de las familias.
Estamos en un momento decisivo para la costa. Todos debemos participar porque al final esta es una lucha por nuestra región ante el maltrato del gobierno. La historia nos ha enseñado que cuando el pueblo se une y lucha por lo que es justo, los resultados pueden cambiar. El gobierno ha demostrado su desprecio por la costa y su determinación de no retroceder, pero los ciudadanos del Caribe debemos demostrar que no nos rendiremos ante esta injusticia.
