Las declaraciones del gobierno nacional sobre la implementación de pagar una contribución para financiar la construcción de la vía al mar, que une las ciudades de Cartagena y Barranquilla, no han sido bien vistas. De materializarse esta decisión, se afectarían aproximadamente más de 140 mil predios en diez municipios de Bolívar y Atlántico.

Como todo causa revuelo, ya se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el artículo 280 parcial de la Ley 2294 de 2023. El protagonismo por defender a los humildes propietarios de los predios afectados ha tenido un despliegue mediático. Alcaldes y personajes de la vida pública han presentado coadyuvancias a la demanda; razón por la cual, para no quedarme fuera del boom, presenté la mía, para manifestar mi desacuerdo con la medida a implementar.

Es claro que sin impuestos no hay obras; el problema es que se desvían los impuestos y las obras no se realizan, o quedan mal hechas. La vía al mar es una obra necesaria; unir las dos ciudades más importantes de la costa caribe con una vía moderna y segura debe ser una prioridad. La entrada a Barranquilla es amplia y muy organizada, mientras que el ingreso a la ciudad de Cartagena es un desastre, tugurizado e inseguro.

En varias oportunidades, he dejado claro el alto grado de peligro que implica conducir por la vía al Mar en el sector de La Boquilla, en el sentido de Barranquilla a Cartagena. A pesar de ser una calzada de una sola dirección, la proximidad de las construcciones, la carencia de retiros y la ausencia de andenes han convertido esta vía en peligrosa para los usuarios, tanto conductores como peatones. La velocidad y la oscuridad son la mezcla perfecta para la desgracia, la tragedia y la muerte.

La falta de autoridad del Distrito de Cartagena, de administraciones anteriores y de las entidades responsables de controlar los desarrollos urbanísticos, ha permitido que establecimientos comerciales y viviendas se ubiquen prácticamente a escasos centímetros de la calzada. Han sido múltiples los accidentes con pérdidas de vidas humanas y daños materiales.

Es urgente la intervención de las autoridades con la implementación de reductores de velocidad, mayor iluminación, señalización y la construcción de andenes, además de realizar de manera inmediata la recuperación de los espacios invadidos y respetar la distancia de los retiros a ambos lados de la vía.

El tema del cobro de valorización se lo dejo a la Corte Constitucional; lo que considero necesario es la ampliación de la vía para poder tener una autopista de última generación, de doble calzada, con los mejores diseños y con la seguridad que garantice la vida de los usuarios. Construir una vía de esas características implica muchos recursos y, con la robadera de los corruptos, la cosa se complica.