El proyecto de Ley de financiamiento, que presentó hace más de dos meses y medio el ministro de Hacienda al Congreso de la República, sigue en un atolladero, generando preocupaciones en varios sectores por sus potenciales efectos negativos en la Economía del país, lo que, en opinión de muchos expertos, como Fedesarrollo y varios destacados exministros, confirma su inconveniencia en estos momentos.
El Gobierno Nacional ha justificado este proyecto argumentando la necesidad de financiar el hueco fiscal que trae el presupuesto General de la Nación, que le impide el cumplimiento de sus metas sociales, con la promesa de una reactivación económica en un escenario que supuestamente garantiza la sostenibilidad fiscal y ambiental del país.
Los expertos advierten que, contrario al planteamiento del gobierno, de aprobarse esta reforma tributaria, sin eufemismos, se afectaría la débil recuperación económica actual. Adicionalmente, la flexibilización de la regla fiscal representa una enorme amenaza.
Varios serían los impactos negativos de esta iniciativa gubernamental. Por restricciones de espacio menciono dos: Por un lado, además del impuesto de rentas, está la afectación a muchos colombianos con un incremento excesivo del impuesto al patrimonio, casi con perfil confiscatorio. Si solo cuatro países en el mundo tienen establecido el impuesto al patrimonio (España, Noruega, Suiza y Colombia), lo que confirma su ineficacia, no es clara la motivación del Gobierno en plantear semejante incremento.
Por otro lado, el sector del carbonífero también sufriría un enorme golpe. Triplicar el impuesto al carbono tendrá consecuencias graves, tal como lo advierte un informe de la Universidad Ean, en conjunto con la Cámara Colombiana del cemento y el concreto, en el que se indica que esta norma generará incrementos hasta del 700% en el valor del carbón, una materia prima de muchos insumos en la industria nacional, lo que se reflejaría en el costo de vida.
El futuro del Clinker, que es derivado del carbón, es preocupante pues enfrentaría sobrecostos directos, afectando la competitividad de los productores nacionales, en especial del cemento, lo que finalmente afectaría el costo final de las viviendas, la generación de empleos y de ingresos fiscales.
El Gobierno Nacional seguirá presionando. Ha amenazado con que “si no es aprobada, el costo lo pagarán los ricos de este país, no los pobres”. Ahora hasta los recursos del ICFES dependen de su aprobación.
@AELopezP
