Francis Fukuyama afirma que la debilidad de los estados causa gran parte de los problemas del mundo: terrorismo, pobreza, narcotráfico, etc. Luis Villar Borda, en el libro Problemática de los pequeños municipios en Colombia ¿Supresión o Reforma?, afirmaba ya en 2003 que a los municipios colombianos “se les plantean exigencias que no están en capacidad de satisfacer”. “Ineficiencia administrativa, parasitismo fiscal y corrupción”, señalaba, son males no exclusivos, pero sí endémicos, de la entidad municipal en nuestro país. ¿Y qué hay peor que un municipio inepto, corrupto o pobre, y pequeño? Uno inepto, corrupto o pobre, y grande!
La Constitución de 1991 asigna responsabilidad primaria por la salud, educación, agua potable y saneamiento básico a los 1.100 municipios del país, entre los cuales no encontramos 100 que funcionan aceptablemente. El manejo de las regalías es otra corroboración del fracaso de las administraciones municipales. Fracaso que es también el de los ministerios y entidades centrales de control incapaces de interactuar eficazmente con más de un millar de interlocutores. Haber delegado tan importantes deberes al eslabón más débil y más numeroso de nuestra institucionalidad nos ha conducido a un Estado incompetente. Si contratáramos al Mago de Oz para convertir un municipio al mes en un cantón suizo, tardaríamos 85 años en arreglarlos todos, si no se descarrila ninguno en el camino. Uno de los conceptos básicos de la administración pública y privada es el span of control, el número de subordinados que un jefe o en este caso una entidad de nivel central puede supervisar y apoyar. Número que suele ser menos de 10 si reportan a una persona y a lo sumo un centenar si reportan a una casa matriz o un ente nacional. Pero mil, independientes, diversos y dispersos, es inviable.
Los departamentos, en cambio, son sólo 32, y varios de ellos tienen una sólida institucionalidad. Los que no la tienen pueden y deben ser objeto de un programa de fortalecimiento que eleve el nivel de sus procesos administrativos, transparencia y salud financiera. Objetivo lograble en una década. Los ajustes constitucionales requeridos para viabilizar la reforma en curso al Sistema General de Participaciones deben aprovecharse para ampliar las competencias de los departamentos en temas como los servicios públicos, lo que permitiría al Gobierno Central coordinarlos con un número razonable de interlocutores en procura de un Estado más competente para satisfacer las exigencias que se le plantean.
