Al fin llegó la descentralización con la aprobación de la modificación del SGP, aumentando los recursos destinados a las regiones del 23% al 39%. Sin embargo, todavía no estamos ahí, porque todo quedó supeditado a la ley de competencias. Por eso lo que viene ahora es incluso más importante; porque asigna las responsabilidades entre el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías para definir quien, cómo y para qué se usa la plata de los colombianos.
Aún hay quienes no están convencidos con el tema. Inclusive dos senadoras votaron en contra argumentando que el incremento pone en riesgo las finanzas del país, porque el presupuesto es inflexible. Esto quiere decir que la plata de nuestros impuestos ya está comprometida para el pago de la deuda, las pensiones, las vigencias futuras y el funcionamiento. Aunque esto es cierto, también es verdad que, en el presupuesto de todos los años, el rubro al que llamamos inversión es completamente flexible.
Por ejemplo, para el 2025, de un presupuesto de 511 billones, 89 billones son para inversión, que el gobierno de turno destinará como decida. Si para 2035 se asigna el 39% del SGP en vez del 23% actual, serían 30 billones adicionales para las regiones. Por lo tanto, inclusive si la reforma entrara hoy, el gobierno tendría la capacidad de entregar 30 billones a los municipios y quedarse con los 59 para inversiones propias.
Dejando de lado los miedos, es momento de enfocarse en la parte clave que comienza ahora: definir las competencias entre los tres niveles de gobierno. Hoy estamos completamente subyugados a las decisiones del Gobierno Nacional, que generan desequilibrio y responsabilidades superpuestas, lo cual en muchos casos termina en que nadie se responsabiliza de nada. Por eso es urgente que en la siguiente legislatura se radique el proyecto de ley de competencias para definir claramente qué debe ser gestionado desde cada nivel. Ojalá antes de iniciar su campaña el ministro Cristo logre radicar este proyecto para que los congresistas tomen las riendas de este tema y lo conviertan en realidad.
Es hora de que el Gobierno Nacional deje de hacerse cargo de parques, colegios, hospitales, vías terciarias, sistemas de transporte masivo, y entienda que estas funciones se hacen mejor desde los entes locales que conocen de primera mano lo que necesitan. Esto conlleva a que el Estado tenga menos responsabilidades, obligándolo a adelgazarse y convertirse en un Estado más austero, enfocado en temas estratégicos y transversales.
Este será el debate del próximo año y medio. Una mini constituyente que instaure una estructura de gobierno diferente, con nuevas formas de poder, más equilibradas y mejor organizadas de lo que están hoy y que vayan acorde a las fortalezas de cada nivel de gobierno. No nos durmamos que estamos ad-portas de conseguir el cambio más profundo desde la constitución del 91. Por fin llegó el momento de las regiones.