En materia de género, el gobierno, a pesar de los compromisos asumidos en campaña con los movimientos feministas colombianos, fracasa rotundamente. Desde el nombramiento de hombres abiertamente misóginos en cargos públicos hasta la débil implementación de políticas públicas con enfoque de género, los desaciertos son evidentes. Esta semana, el nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailandia marcó otro punto crítico: un hombre sin experiencia diplomática que justifique su designación y que, además, ha avalado la violencia sexual contra mujeres y niñas a través de mensajes públicos en la red social X. Irónicamente, el mismo presidente que portó el pañuelo verde de Causa Justa en el Debate Feminista de 2022 es ahora quien defendió esta designación con un argumento absurdo, incapaz de responder a las demandas de respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Aunque Mendoza renunció este sábado a su designación como embajador, esta decisión no fue resultado de una iniciativa del gobierno, sino de la presión externa que generó dicho nombramiento.

Todos los compromisos asumidos frente a 30 movimientos feministas colombianos no fueron más que una instrumentalización del feminismo para favorecer intereses políticos y electorales. Ahora, mientras el gobierno designa a hombres con posturas misóginas sin reparo, la promesa de un Ministerio de Igualdad, que debía atender en gran medida las necesidades en materia de género en Colombia, se ha convertido en otra promesa incumplida. Una promesa que está costando a los colombianos billones de pesos sin ejecutar, recursos que podrían destinarse a implementar políticas clave como las leyes 248 y 1257, enfocadas en prevenir las violencias basadas en género.

El Ministerio de la Igualdad recibió una asignación de 1,8 billones de pesos para 2024, de los cuales, hasta noviembre de este año, solo se había ejecutado el 2,4%, destinándose principalmente a gastos de funcionamiento. ¿Por qué no se ha utilizado el resto del presupuesto? Más importante aún, considerando las numerosas necesidades para implementar y fortalecer las líneas de atención a las víctimas de violencias basadas en género en Colombia, ¿por qué no se ha destinado a ese propósito? Mientras tanto, los feminicidios y otros tipos de violencia contra las mujeres continúan aumentando alarmantemente en el país.

Esta realidad invita a reflexionar profundamente. En primer lugar, más allá de los movimientos feministas, es fundamental que todo el país rechace de manera contundente la visión misógina y regresiva que el gobierno está adoptando en relación con los temas de género. En segundo lugar, las mujeres que forman parte del gobierno y del Pacto Histórico deben ir más allá de las gestos simbólicos, como publicar fotos con un pañuelo verde; si están en el poder, es momento de exigir a su partido que cumpla con los compromisos y obligaciones asumidos frente a las mujeres de este país. Por último, cabe señalar que la izquierda colombiana nunca ha sido realmente feminista, aunque haya intentado apropiarse de estas banderas. Por supuesto, la derecha tampoco lo es.

@tatidangond