Hace unos días, conversando con un amigo sobre el futuro de Colombia llegamos a la conclusión que más allá de la multiplicidad de problemas que han venido surgiendo por la falta de responsabilidad del actual gobierno era claro que debíamos fincar nuestros esfuerzos en imaginarnos el país para los próximos años.
En medio del diálogo pusimos sobre la mesa el concepto de confianza que ha sido el principal damnificado en estos difíciles momentos para la gente, las instituciones y el sector privado que ha sufrido inseguridad, parálisis y estigmatización.
Profesores como Kenneth Newton o Bo Rothstein en sus libros han abordado este concepto, dividiéndolo entre confianza social e institucional. La primera es aquella que se establece entre los ciudadanos y la segunda existe entre los ciudadanos y las instituciones. Estos conceptos deben entenderse de forma tal que cuando existan estas dos condiciones en una sociedad, las instituciones democráticas gozarán de plena credibilidad.
Y es ahí donde se nos ha desmoronado el país. Cada día tanto la ciudadanía como las instituciones se han venido malogrando porque quienes representan el Estado no lo están encarnando y además lo rechazan. Ante este panorama, se ha venido instalando la idea de que el único camino que nos queda es el “sálvese quien pueda”.
Sin embargo, Colombia es un país resiliente que ha sabido sortear las dificultades. Por eso, la manera de lograr con éxito tanto la confianza social como institucional en Colombia tiene que ver con una propuesta de triunfo electoral en el 2026 donde se ponga en evidencia un cambio de lenguaje en el que el optimismo vuelva a ilusionar a la ciudadanía y se produzca una recuperación del proyecto colectivo de nación.
Para ello, podrían hacerse cuatro cosas. La primera, establecer una política de itinerancia territorial de gobierno donde todos los funcionarios gerencien entendiendo las diferencias sectoriales y territoriales. Podemos hacer todo tipo de reformas, incluso podemos cambiar el porcentaje de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación del 23,8% al 39.5%, pero si no existe una ruptura desde el nivel central en la manera de gobernar y pensar Colombia, el país no se recuperará. Diálogos fecundos, ejecutivos y de frente entre gobernadores, ministros, congresistas, alcaldes y la gente podrían restablecer la confianza.
Un segundo aspecto, una recuperación de la seguridad territorial donde la justicia y el orden público funcionen de forma coordinada conforme a la Constitución de 1991. La paz siendo un mandato constitucional debe ser mirada como un derecho que se logra con inversión social, pero también con fortalecimiento de las fuerzas armadas y de policía en todo el territorio nacional y de lucha contra el crimen organizado. El desorden en las negociaciones de paz no es otra cosa que anarquía territorial.
En tercer lugar, desplegar una articulación de las políticas públicas tanto a nivel central como descentralizado en los planes de desarrollo, lo que implicará armonizar y comprender las necesidades entre ministerios en el nivel central y las secretarías tanto a nivel departamental como municipal.
Y por último, priorizar las acciones de gobierno para no desgastarse en promesas sino en gerencia y ejecutorias. La priorización tiene que darse no sobre una dañina ideologización sino sobre una concepción pragmática donde la relevancia sea la gente y no las ideas cerradas del presidente de turno. Temas como la reducción del Estado central para enfrentar la crisis fiscal y monetaria, la salud, el sistema pensional, la seguridad, el rol de Ecopetrol, la energía, el gas y la infraestructura son temas que deben priorizarse. Nadie puede llegar al poder a encapricharse con modelos fallidos.
Con este panorama, se generarán los vínculos de confianza institucional y social reconfigurando nuestro pacto colectivo. A todos mis lectores, les deseo una feliz navidad.
* Ex Fiscal General de la Nación 2020-2024
* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
@FGFBarbosa
