La frase “se acata, pero no se cumple”, muy utilizada durante la época colonial, describe con precisión lo que sucede con la regulación de la pólvora en nuestro país. Aunque la Ley 2224 de 2022 norma el uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional, la realidad que vivimos durante esta temporada decembrina demuestra que, con más frecuencia de la que nos gustaría admitir, en Colombia se legisla para aparentar que se actúa, pero no para transformar la realidad.
Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud son alarmantes. Entre el 1.º y la tarde del 25 de diciembre, se habían registrado 696 casos de personas lesionadas por pólvora pirotécnica, de los cuales 235 son menores de 18 años. Más de la mitad de estas quemaduras fueron clasificadas como de segundo y tercer grado, las más graves, que además de poner en riesgo la vida, dejan secuelas físicas y emocionales. Particularmente preocupantes son los datos del departamento del Atlántico, donde los casos aumentaron de 19 a 32 en este período, un incremento del 68,4 %. En Barranquilla, la situación también ha sido crítica: los incidentes crecieron un 62,5 %, pasando de 16 a 26, y se reportaron 2 de los 3 casos de intoxicación por fósforo blanco que conocemos hasta ahora en el país.
A mi juicio, el silencio cómplice de la comunidad frente al uso irresponsable de la pólvora es la raíz del problema que perpetúa esta peligrosa tradición, escondida bajo una apariencia de inofensividad. Ver a un menor manipulando pólvora o a un vecino lanzando explosivos en la vía pública son conductas reprochables que nos ponen en riesgo a todos y ante las cuales deberíamos actuar con determinación. Este mutismo colectivo no es más que complicidad disfrazada de indiferencia, que muchas veces nos convierte en responsables indirectos de las tragedias que, lamentablemente, cada año enlutan a numerosas familias colombianas. Si bien, en algunos casos, delatar en flagrancia puede no ser una opción viable, pasado el hecho y ya sin la emoción del festejo, debemos por lo menos, recurrir a la sanción social como una herramienta clave para enfrentar esta problemática.
Como mencioné al inicio, aunque las leyes existen, su aplicación es prácticamente nula. La venta de pólvora a menores de edad está prohibida, pero esto no impide que los niños tengan acceso a ella. En muchas familias, los padres suministran y permiten que sus hijos jueguen con chispitas, totes y volcanes, sin considerar las graves consecuencias que pueden derivarse de este comportamiento irresponsable.
Esta actitud de “a nosotros no nos va a pasar” normaliza un peligro que, con demasiada frecuencia, termina en tragedia. Es urgente que todos nos atrevamos a denunciar el comercio ilegal de pólvora, así como su uso indebido, y que exijamos a las autoridades actuar con decisión para desmantelar los mercados clandestinos y penalizar a los infractores.
Por último, el cambio más importante debe comenzar en nosotros. Como ciudadanos, no podemos seguir tolerando el sufrimiento asociado al uso de pólvora fuera de la ley. Debemos señalar y reprochar a quienes, justificándose en la celebración, ponen en riesgo su vida y la de los demás, incluidos los niños. Solo con conciencia colectiva, responsabilidad y acción podremos evitar que la próxima festividad por el inicio de un nuevo año termine, para algunos, en tragedia.
PD: Feliz y próspero año nuevo
