El aumento del salario mínimo en Colombia, fijado por decreto en $1.423.500 para 2025, es controversial por todos los potenciales impactos que puede tener en la economía. Este incremento, del 9,54%, supera la inflación proyectada del 5% y marca un aumento real del 4,54% en el poder adquisitivo de los trabajadores. Aunque la medida busca aliviar la pérdida de capacidad adquisitiva frente al costo de vida, plantea riesgos significativos para el crecimiento sostenible del país.

Uno de los mayores desafíos radica en las presiones inflacionarias. Incrementos salariales que exceden la productividad y la inflación pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios, dificultando el control de la inflación y contrarrestando los esfuerzos del Banco de la República por llevarla al rango meta. Esto podría retardar las decisiones del banco central por bajar las tasas de interés de una forma más agresiva, limitando el acceso al crédito, desincentivando la inversión y ralentizando la reactivación económica.

Además, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), responsables de gran parte del empleo en Colombia, enfrentan un escenario complejo. El aumento de los costos laborales podría llevar a la reducción de contrataciones, congelamiento de nuevas plazas o incluso despidos. Este impacto, lejos de favorecer la formalización, podría aumentar la informalidad, perpetuando las desigualdades en el mercado laboral.

No obstante, el incremento si bien puede jugar como dinamizador, en consideración que un mayor ingreso disponible puede estimular el consumo interno, beneficiando sectores como comercio y servicios, este efecto depende de una adecuada articulación de políticas que promuevan la productividad, la innovación y el desarrollo empresarial.

Para equilibrar estos desafíos, es esencial un enfoque coordinado entre el Gobierno, el sector empresarial y los trabajadores. Medidas como incentivos fiscales para mipymes, como reducción de cargas parafiscales, fomento de la capacitación laboral con mayores alianzas con el SENA, y estímulo a la productividad, con una mayor simplificación de trámites o líneas de crédito para modernización de plantas o capacitación de personal, por ejemplo, podrían mitigar los efectos adversos del aumento y potenciar sus beneficios.

En síntesis, el aumento del salario mínimo es un paso ambicioso para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero no debe convertirse en un obstáculo para la estabilidad económica.

*Directora ejecutiva Lonja de Barranquilla