El 2024 cierra un capítulo más en la historia del derecho penal colombiano, dejando un conjunto de retos que deben ser enfrentados por litigantes, jueces y ciudadanos inmersos en procesos judiciales. Los litigantes, especialmente, hemos sido testigos de los efectos de un sistema que parece apresurado por innovar, pero carece de la claridad y estabilidad necesarias para garantizar procesos justos. Este afán por avanzar sin consolidar una base sólida ha derivado en un panorama donde las reglas del juego cambian constantemente, generando incertidumbre.

Uno de los retos más evidentes radica en la tendencia a legislar a través de la jurisprudencia, un fenómeno que no es nuevo pero que en este año alcanzó una intensidad preocupante. Cuando la ley tiene un sentido claro y coherente, y no se espera que la jurisprudencia actúe como su complemento o corrector, puesto que se corre el riesgo de crear un sistema dual que no solo confunde a los operadores judiciales, sino que también erosiona la confianza ciudadana en el derecho. Un ejemplo paradigmático de esta situación es la reciente modificación respecto a la apelación del auto que decreta pruebas.

Anteriormente, apelar un auto de este tipo suspendía el juicio oral, lo que permitía una reflexión integral sobre las pruebas y su impacto en el desarrollo del juicio. Ahora, la suspensión se limita únicamente al aspecto apelado, dejando que el resto del juicio continúe. Esta medida, aunque concebida para agilizar los procedimientos, genera un desorden evidente en la organización de los testigos y en la secuencia lógica de la presentación de la teoría del caso, lo que podría afectar gravemente la percepción del juez sobre la coherencia de la exposición. Al final, el supuesto beneficio de celeridad procesal se ve opacado por una práctica que fragmenta el juicio y lo hace menos práctico.

Otro reto importante que deja el 2024 es la desigualdad de acceso a la justicia. A pesar de los avances tecnológicos, como la implementación de las TICs en la justicia. Las audiencias virtuales, han demostrado ser la herramienta útil para la eficacia y pronta resolución de justicia. Sin embargo, no permitirla en los juicios ha expuesto carencias estructurales como la falta de recursos en las salas de audiencia y la limitada capacidad de movilización de personas privadas de la libertad. Esto genera desigualdades palpables que afectan directamente la posibilidad de que todas las partes presenten su caso en igualdad de condiciones.

Es urgente que el 2025 nos permita hacer un esfuerzo conjunto para garantizar que los cambios sean producto de un análisis técnico riguroso y no de un afán de responder a coyunturas políticas o mediáticas. Asimismo, es fundamental que el sistema penal reconozca las desigualdades estructurales que persisten y trabaje para eliminarlas. El reto para los litigantes no es menor. Pero, si algo hemos demostrado a lo largo de los años, es nuestra capacidad de adaptación y de lucha por un sistema de justicia más equitativo. El 2025 debe ser el año en que las garantías, la equidad y la igualdad sean los principios rectores del derecho penal en Colombia.