En un país como Colombia, reconocido como el más desigual de América Latina y el Caribe, resulta difícil sostener que un salario mínimo de $1.423.500 pueda considerarse “alto” para remunerar a un empleado de tiempo completo.

En muchos contextos, es insuficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores y, en una economía con mayor crecimiento y productividad, con mejor desempeño que la nuestra, debería ser superado por salarios más competitivos.

Sin embargo, para el 99,5 % de las empresas colombianas, que son pequeñas y medianas, un aumento en el salario mínimo implica costos que muchas veces no pueden asumir, impactando negativamente en la informalidad, el desempleo y la inflación.

Es innegable que todo ciudadano merece un salario digno que le permita mejorar su calidad de vida y su capacidad adquisitiva.

Pero, ¿qué sucede cuando el aumento salarial obliga a las empresas a hacer recortes porque no cuentan con ingresos suficientes para cumplir con las obligaciones legales? ¿Qué pasa con una microempresa en Usiacurí, Atlántico, que tiene cuatro empleados y vende empanadas, pero no dispone de los recursos necesarios para pagar el salario mínimo? ¿Qué ocurre si, tras un incremento del salario mínimo, también aumentan los precios de bienes y servicios esenciales? ¿O si una de estas microempresas tenía planes de expandir sus operaciones o contratar más personal, pero los costos elevados se lo impiden?

El resultado es claro: muchos trabajadores pierden su empleo, otros pasan del empleo formal al informal —quedando sin acceso a prestaciones ni seguridad social— y los emprendedores, que aspiraban a crecer y aportar a la economía formal, se desaniman al enfrentar un entorno que perciben como hostil para los negocios. Además, el incremento salarial puede provocar un alza en los precios de bienes y servicios, lo que impulsaría la inflación en 2025 y erosionaría el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En este contexto, nadie discute la importancia de que el salario mínimo se ajuste anualmente de acuerdo con el desempeño económico del país, considerando factores como la productividad laboral, la inflación y el costo de vida.

Lo que resulta preocupante es que estas decisiones se tomen de manera unilateral por el gobierno, ignorando las implicaciones que tienen para la economía y, en última instancia, para la población más vulnerable.

Este año, el gobierno de Gustavo Petro incrementó el salario mínimo en un 9,54% por decreto, siguiendo una práctica que no es nueva, ya que gobiernos anteriores como los de Iván Duque y Juan Manuel Santos también implementaron ajustes, de forma unilateral, aunque en general más acordes con las condiciones económicas del momento.

El sistema vigente en Colombia, que establece una negociación tripartita anual entre representantes del sector privado, los trabajadores y el gobierno, tiene como objetivo alinear las necesidades de los trabajadores con las metas de crecimiento económico y las posibilidades de los empleadores.

Es fundamental preservar ese equilibrio para garantizar que la economía crezca y los trabajadores puedan progresar en consonancia. Es crucial mantener ese equilibrio para fomentar el crecimiento económico y garantizar que la capacidad adquisitiva de los trabajadores crezca con él.

@tatidangond