No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, dice el refrán popular. Tenemos el inicio de un nuevo año que será para cada uno la repuesta de sus esfuerzos y el resultado del trabajo individual. Colectivamente el año inicia con el tradicional aumento del salario mínimo que se fijó en $ 1.423.500 mil pesos más el auxilio de transporte.

Igual es imposible que una familia subsista con el ingreso de un solo salario, el costo de los elementos básicos de la canasta familiar superan el ingreso de muchas familias que viven en déficit; alimentación, vivienda, educación, medicinas y recreación no se cubren con el salario mínimo.

Siempre he mirado las cosas con optimismo y convencido que con esfuerzo y disciplina todo mejora; no obstante, contrario a mis principios y filosofía de vida, veo enredado al gobierno y el futuro mediato de los colombianos.

No hay plata dice el presidente. Están embolatados los recursos de la educación, del ICETEX, la entidad que financia y otorga créditos para la educación superior; también están embolatados los subsidios para la adquisición de vivienda de interés prioritario.

Los recursos juegan un papel importante para lograr condiciones dignas y calidad de vida para los colombianos, pero la corrupción y la falta de autoridad en todos los niveles de la administración permiten que los recursos del estado sean desviados y saqueados sin gran complejidad.

Si no se toman medidas drásticas y contundentes contra la corrupción el futuro para los colombianos estará complicado. El reto está en combatir la corrupción para poder lograr que el saneamiento de las necesidades básicas pueda ser cumplido.

En el 2025, el pueblo colombiano se enfrentará a múltiples dificultades derivadas de la corrupción que ha permeado diversas instituciones y sectores de la sociedad. Este fenómeno no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también debilita el tejido social y económico del país; además, la corrupción afecta la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

El impacto en la economía también será significativo. La corrupción desincentiva la inversión extranjera y local, ya que los empresarios se sienten inseguros en un entorno donde la transparencia y la legalidad no están garantizadas. Esto, a su vez, puede llevar a un aumento del desempleo y a un estancamiento del crecimiento económico, perpetuando un ciclo de pobreza en el que muchas familias colombianas se verán atrapadas.

Finalmente, la corrupción alimenta la desilusión y el desencanto de la ciudadanía. En un país donde la política se ha visto manchada por escándalos y promesas incumplidas, es probable que los ciudadanos se sientan cada vez más alejados de los procesos democráticos.

Esto puede resultar en una menor participación electoral y en un debilitamiento de la democracia misma, lo que dificultará aún más la lucha contra la corrupción.

En conclusión, las dificultades que deberá afrontar el pueblo colombiano en el 2025 debido a la corrupción son complejas y multifacéticas; para superarlas, será esencial promover la transparencia, fortalecer las instituciones y fomentar una cultura de legalidad que garantice un futuro más justo y equitativo para todos.