El vecino país de Venezuela vive momentos de angustia por la incertidumbre reinante relacionada con lo que podría ocurrir este viernes 10 de enero con la posesión de un nuevo periodo presidencial; y no solo allá, también en Colombia los vivimos, como lo hacen todos los países donde aún se protege el derecho de los pueblos a tener una democracia.

Existen dos posibilidades: por un lado, el régimen actual continúa con sus preparativos para continuar en forma ilegitima ejerciendo la presidencia, luego de un triunfo espurio en las elecciones del pasado 28 de julio, en las que, sin ninguna evidencia y en contubernio con las “autoridades electorales”, se declararon vencedores. Por su parte, el presidente elegido con amplia mayoría -tal como lo demuestran las actas que lograron obtener y difundir- mantiene su valiente plan de retornar a Caracas para asumir el mandato que el pueblo venezolano le otorgó.

Mientras el dictador Maduro se debilita y aísla más cada día, el presidente electo Edmundo González Urrutia se fortalece progresivamente, como lo demuestra el respaldo contundente que le han dado los países de la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países democráticos que han insistido en honrar su victoria electoral.

En contraste la posición del gobierno colombiano ha sido pusilánime y desconcertante. Ahora se escuda en una “recomendación técnica” para enviar al embajador al acto de posesión que tiene planeado el régimen dictatorial. En la práctica sería un reconocimiento a un gobierno ilegitimo montado con un descarado fraude electoral, que la mayoría de los colombianos rechazamos porque no representa la tradición democrática de nuestro país.

No suficiente con lo anterior, el presidente ha anunciado que Colombia, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tendrá como parte de su rol la tarea de “buscar un acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos y libertades a sus ciudadanos”.

Todo lo anterior demuestra que el gobierno actual de Colombia al parecer mantiene una enorme deuda, con características no claras con el gobierno chavista. No de otra manera se entendería esa sumisión y entrega ante un régimen que ha causado tanta destrucción y pobreza, durante más de 25 años, al que fuera en otros tiempos un bravo pueblo, como dice su himno nacional.

Esperamos que el próximo 10 de enero no haya un desenlace cruento y por el contrario se inicie una transición pacífica hacia un nuevo gobierno democrático que reconstruya las condiciones económicas y sociales necesarias para que millones de venezolanos regresen felices a su patria.