Hace algunos meses escribí sobre la situación de Venezuela indicando que ese país había perdido la democracia hace 31 años cuando se pusieron los sectores públicos y privados de acuerdo para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Incluso en 1992, los sectores de los partidos políticos que habían construido el pacto del punto fijo, Copei y el partido Acción Democrática del presidente Pérez, no rechazaron con vehemencia dos intentos de golpe de estado, uno de ellos liderado por el coronel Hugo Chávez Frías.

Para constatar esto, debe leerse el libro de Mirtha Rivero La rebelión de los náufragos (2016) que explica con detalle cómo los venezolanos demolieron las instituciones y los partidos para justificar " el cambio”, luego eligieron a un coronel golpista, quien recibió el mandato popular para pulverizar las instituciones derivadas de la Constitución de 1958 a través de una constituyente. Todo se hizo en nombre del pueblo.

Hoy 26 años después de la llegada de Chávez, esos mismos que lo votaron en las urnas se cogen la cabeza y dicen que se perdió la democracia, cuando lo cierto es que ese concepto no vale nada si, la salud de las instituciones y el estado de derecho no es buena. De nada sirven las elecciones en un país si no hay instituciones o si las mismas son irrespetadas.

Para Colombia esto que ocurre en Venezuela es un buen ejemplo. Parte de la sociedad colombiana también le permitió al autoritarismo de Petro consolidarse vía electoral. Como si fuera una copia de lo que ocurrió en Venezuela, muchos columnistas, académicos y medios de comunicación privados siguen fortaleciendo el argumento de que las instituciones no sirven, que los partidos son instancias innecesarias e incluso han venido vertiendo la idea anárquica de acabarlo todo. Recuerdo cómo algunos periodistas atacaban mi gestión en la Fiscalía porque defendía la rama judicial dentro del estado de derecho, para muchos el cargo de presidente significaba " estado total”. Lo advertí y muchos de esos detractores hoy evaden su responsabilidad.

No han entendido que la parte orgánica de la carta política de 1991 donde se consagra el funcionamiento de las tres ramas del poder público y de las instituciones independientes son el bastión del estado de derecho. Si eso funciona, los derechos fundamentales se garantizarán por ese aparato institucional y si hay garantía, la democracia tendrá eficacia por vía electoral. Por el contrario, sin instituciones, ni estado de derecho, ni partidos, cualquier elección es una pantomima.

Colombia tendrá en el 2026 el desafío de permitir no solo que salga Petro y sus secuaces, sino de recuperar la institucionalidad perdida y el estado de derecho que sufre día a día los embates del autócrata. Con una decisión consciente de los ciudadanos podremos alejarnos del ejemplo de Venezuela y recuperar el país. Lo contrario será prolongar un sistema que paulatinamente va a anular el estado de derecho en Colombia. No sería raro que al final de este año y en plena campaña electoral, Petro y su grupo político propongan como plataforma para el nuevo gobierno una constituyente porque, según ellos, “las élites” no dejaron consolidar su proyecto y no dejaron gobernar a Petro.

La posesión de Maduro más que un golpe de Estado, es la continuación de una enfermedad terminal que afectó a ese régimen hace 31 años con el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez y luego se agravó con la elección de un golpista. El corolario fue una nueva constituyente y la consolidación de un sistema que ya contabiliza 14 elecciones, sin estado de derecho y libertad con lo cual se confirma por tercera vez a Maduro como representante de esa satrapía. Estamos advertidos.

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)