La dictadura de Nicolás Maduro se perpetúa a la fuerza en una Venezuela donde la esperanza de recuperar la libertad y la democracia no desfallece, y donde la presión de la sociedad internacional se intensifica para que el reconocimiento de los resultados electorales se convierta en una realidad. El camino hacia el restablecimiento de esta democracia no es fácil, especialmente cuando la ciudadanía es violentamente reprimida y sabe que luchar por la libertad de su país implica arriesgar su vida, su integridad o la de sus seres queridos. A pesar de que el pasado 10 de enero Maduro asumió el poder de forma ilegítima, los verdaderos protagonistas no son él, sino los cientos de venezolanos que continúan mostrando coraje y valentía para defender un derecho tan esencial como lo es la democracia. Ellos son la prueba de que este esfuerzo no es sencillo, especialmente cuando quienes han destruido la democracia cuentan con el respaldo de la fuerza militar y han convertido en víctimas de su represión tanto a reconocidos líderes como a ciudadanos comunes.
Frente a esta realidad, resulta sumamente lamentable el papel que ha asumido el gobierno de Colombia. Su política diplomática, lejos de reflejar el compromiso central de un Estado democrático con el clamor de un pueblo por recuperar su democracia, ha mostrado una implícita complicidad con el régimen de Maduro. Este régimen representa lo peor de los venezolanos dentro y fuera de su país. No basta con el gesto simbólico de no asistir a la ilegítima toma de posesión de un dictador; esto era lo mínimo que se esperaba. Se necesita una posición más contundente, que ejerza una presión real sobre el régimen vecino para que reconozca los resultados electorales. Esta posición debería estar libre del egoísmo político interno y comprender que, mientras no se restablezca la democracia en Venezuela, tampoco habrá paz en Colombia ni posibilidades de desarrollo en el hemisferio sur.
Si la visión de la diplomacia responsable de Colombia es tener a los ciudadanos en las zonas fronterizas en el centro de las relaciones bilaterales, algo que, con toda razón, debe ser una prioridad, también resulta esencial garantizar que exista un gobierno democrático en Venezuela, uno que no cierre las fronteras con containers cuando le plazca. Tanto los venezolanos como los colombianos que habitan estas regiones fronterizas están a merced de las decisiones arbitrarias del régimen de Maduro, lo que constituye otra razón de peso para respaldar la transición hacia la democracia. Solo así será posible construir un Estado donde las relaciones fronterizas se basen en una cooperación verdadera y abierta.
Cerrar los ojos ante esta crisis no es una opción. El futuro de Venezuela y de toda la región depende de decisiones valientes y comprometidas que pongan a las personas y sus derechos en el centro de la acción política.
@tatidangond
