La grave situación que enfrenta el Catatumbo, donde más de 32.000 ciudadanos se han visto obligados a desplazarse en un éxodo sin precedentes en Colombia durante la última década, pone en evidencia no solo la fragilidad institucional a la que ha sido llevado el país por el gobierno, sino también una posible violación de nuestra soberanía. Muchos podrían interpretar este hecho como un acto de agresión por parte de Venezuela hacia el territorio colombiano. La responsabilidad de lo que ocurre en nuestro territorio recae directamente en el presidente de la República, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, así como en el ministro de Defensa. La política de seguridad en Colombia se ha deteriorado de tal manera en los últimos años que carece incluso de la capacidad operativa e inteligencia necesaria para anticiparse a las acciones del ELN. Según información de inteligencia, aproximadamente 2.500 hombres de esta guerrilla se habrían movilizado desde Arauca hacia el Catatumbo atravesando la frontera con Venezuela, sin encontrar mayor resistencia.
Además de ser un problema de seguridad, esta crisis es un asunto de soberanía. El mensaje que deja esta situación es claro: el régimen de Venezuela parece estar buscando consolidar su control en la frontera, apoyado por una guerrilla binacional y los efectivos del llamado Escudo Bolivariano. Esta alarmante situación, que como mínimo debería haber generado una contundente nota de protesta, ha sido manejada de manera torpe por el presidente y el saliente canciller. Ambos han fallado en condenar con firmeza el actuar de la dictadura de Nicolás Maduro, tanto por su ilegítima permanencia en el poder como por su injerencia en el Catatumbo. La política exterior del canciller, llamada por él como “Diplomacia responsable” en lo que respecta a Venezuela, más bien parece una diplomacia de “Hagámonos pasito”. Esta postura débil, que sugiere casi una deuda del gobierno colombiano hacia el régimen de Maduro, ha derivado en el descontrol de la frontera y una creciente presión de la dictadura venezolana para que su régimen sea plenamente reconocido.
Colombia enfrenta ahora el reto de recuperar el control sobre su frontera, fortalecer una política de seguridad debilitada por la pérdida de capacidad de las Fuerzas Armadas, proteger a los miles de víctimas que está dejando esta crisis y, finalmente, definir cuál será la relación futura con la dictadura vecina. Superar esta situación será un desafío mayúsculo, y esta crisis marcará tanto los resultados electorales de 2026 como el futuro político del país.
A las familias del Catatumbo y del resto del Norte de Santander, quienes están sufriendo directamente las consecuencias de esta disputa territorial, les envío toda mi solidaridad.
@tatidangond
