Hay municipios tan pobres donde los alcaldes no se embolsillan el presupuesto, no porque sean honrados, sino porque sencillamente no hay nada qué robar. La ocasión hace al ladrón, dice el refrán popular.
Y esta es la historia diaria de angustia económica que se vive en más de 500 municipios del país, y que se pretende mejorar con el Acto Legislativo aprobado recientemente por el Congreso de la República, “Por el cual se fortalece la autonomía de los Departamentos, Distritos y Municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
La norma en mención fue impulsada por un joven, dinámico y carismático parlamentario que como un tarzán salió de la espesa selva del Putumayo, que logró sacar adelante en la jungla del Congreso de la República este proyecto que hoy se convierte en un salvavida de las finanzas territoriales, agobiados por un mar de competencias y funciones sin recursos fiscales para atenderlas.
Se trata del Representante a la Cámara por el Putumayo, Carlos Ardila Espinosa, quien estuvo el jueves pasado en Barranquilla por invitación de Casa Loma (Centro para el pensamiento Caribe) con el apoyo logístico de la Secretaría de la Asamblea Departamental del Atlántico y la coordinación del exministro Germán Bula y el líder regional Marco Tulio González.
Allí el congresista en mención, explicó en forma didáctica las bondades y beneficios de esa reforma, donde se asignan nuevas competencias a las entidades territoriales, con su respectivo respaldo financiero, dándole prioridad a los derechos y servicios de salud, educación, agua apta para el consumo humano y saneamiento básico, así como para el propósito general. Dicho Sistema General de Participaciones crecerá como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación, hasta llegar a ser el 39.5% de estos, en un plazo de 12 años.
Según el congresista Ardila Espinosa se acabaría el turismo político de muchos alcaldes que viajan semanalmente a Bogotá llevando proyectos en busca de recursos, dinero que muchas veces se evaporan en el camino, saltando la cadena de obstáculos y costosos peajes impuestos por la difícil burocracia bogotana que cree que la plata se la roban en las regiones y no en la capital del país.
El nuevo Acto Legislativo señala un plazo de 6 meses para implementar la nueva ley de competencias que reemplace la Ley 715 de 2001, que tenga en cuenta la realidad social, económica y cultural de las regiones en un país diverso donde hablamos el mismo idioma, pero con diferente acento y sabor.
@FcuelloDuarte
