Esta semana comenzó uno de los juicios más esperados por la opinión pública: el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La importancia de este juicio es evidente, no solo porque se trata de un exmandatario, sino porque pone a prueba la imparcialidad y el respeto por las garantías procesales en Colombia. Pues la justicia no debe ser ciega, no debe tener prejuzgamientos y debe ser igual para todos. El deber ser es que la justicia sea la misma para cualquier ciudadano sin importar su condición.

Es claro que los ojos del país están puestos sobre la justicia, lo que hace aún más necesario que el juicio se lleve a cabo con absoluto respeto por los derechos del acusado y de todas las partes involucradas. Este proceso ha tenido varias particularidades desde su inicio, incluyendo recursos que han terminado en amparos constitucionales. Y esta semana, la historia se repitió. La honorable juez a cargo del proceso decidió no darle el trámite legal a una recusación presentada por la defensa, lo que llevó a la suspensión del juicio como medida cautelar de una tutela interpuesta para que efectivamente se diera el trámite ordinario de una recusación.

La figura de recusación existe precisamente para garantizar que el juez que lleva un proceso no tenga un sesgo que pueda afectar su objetividad. No tramitarla de manera adecuada es en sí mismo una demostración de la falta de imparcialidad que intentaba prevenirse con este recurso. Es decir, la negativa a estudiarla terminó reforzando la preocupación de la defensa y de quienes siguen el caso.

Por otro lado, se sugirió la posibilidad de continuar el juicio con un defensor de oficio, lo que plantea otra discusión relevante. La Defensoría del Pueblo es una institución diseñada para garantizar la representación legal de personas que no tienen los recursos para pagar un abogado. No es un comodín que se pueda usar cuando la defensa privada no puede asistir a una diligencia. Un juicio de esta magnitud requiere que la defensa tenga el tiempo y las condiciones necesarias para ejercer su labor de manera adecuada, sin que se busquen atajos que puedan afectar el debido proceso.

Este episodio nos deja una lección clara: en la justicia, el afán solo trae cansancio y errores. Todos los sujetos procesales deben estar atentos a las garantías dentro del proceso, porque estas protegen no solo al acusado, sino también la legitimidad de todo el sistema judicial e incluso de las presuntas víctimas. El respeto por los derechos y las formas procesales no son un favor, son una obligación. Y cuando se trata de un juicio tan trascendental, cualquier desviación puede generar una sombra de duda sobre el resultado final.

@CancinoAbog