Hace unos días, el país asistía atónito al circo en el que Petro convirtió su consejo de ministros cuando no solamente habló toda suerte de incoherencias sino que les atribuyó la responsabilidad de su propio fracaso a sus subalternos. 146 de 195 compromisos incumplidos fue la conclusión de ese ejercicio. Al mismo tiempo, el irrespeto de muchos de sus funcionarios denotaba la falta de liderazgo en el gobierno.
Los días siguientes se produjo una estampida de ministros y altos funcionarios argumentando que sus cartas eran irrevocables y estaban motivadas. Lo paradójico es que se demoraron casi tres años alcahueteando a Petro para ahora sufrir un “ataque de dignidad” que los obligó a salir del gobierno.
Con esto visto, faltaban dos episodios adicionales. La salida intempestiva del director de la Policía, el general William Salamanca y la confirmación, según la revista Cambio, de la entrega de 500 millones de pesos del contrabandista Diego Marín, alias " Papá Pitufo” al español Xavier Vandrell, mano derecha de Gustavo Petro, para la campaña a la presidencia. Petro sin sonrojarse señaló que él ordenó la captura de Papá Pitufo cuando ésta fue producto de la acción de mi administración como fiscal general. Obvio como Petro tenía rabo de paja, se acercó a la candela y se quemó.
Pero más allá de estos hechos, dos noticias pasaron de agache sin mucha visibilidad mediática y que vale la pena recordar.
El primero que conforme a las cifras dadas por el Ministro de Hacienda, el déficit fiscal alcanzó el 6,8% del PIB, la deuda pública alcanzó niveles del 60,60% del PIB y sufrimos una caída de los ingresos en 1,5 % del PIB. Esto sin contar con el recorte de los 28 billones de pesos que tendrá que hacer el gobierno. Las perspectivas negativas frente al aumento de la deuda pública por los mayores costos financieros, la depreciación del tipo de cambio y por la incertidumbre que Petro y su desgobierno envía a los mercados hace que la economía colombiana esté en cuidados intensivos.
El segundo hecho, como lo advertí en esta misma columna el año pasado, era el aumento de la tarifa del gas en un 36% en algunas partes del territorio nacional. Ante el déficit del gas nacional, el país se ha visto obligado a importar gas para abastecer su demanda en el interior del país. El gas entra por el puerto de Cartagena lo que genera un costo adicional por el transporte del mismo. Esto se agrava con el hecho de que a las empresas de energía, el gobierno no les ha girado los subsidios 1,2 y 3 y la opción tarifaria que suman más de 5 billones de pesos. Sobre este tema, la Costa Caribe ha venido sufriendo enormemente por cuenta del aumento de las tarifas. Esto ha llegado a tal cinismo por parte del gobierno que incluso se han promovido protestas desde la presidencia para que no aumenten las tarifas, cuando el responsable es quien promueve las protestas. Es decir, el mismo gobierno protesta y ayuda a quebrar a los comercializadores de energía. Al no encontrar soluciones frente a la disminución de las tarifas, los investiga para subirlas.
Lo paradójico de este asunto es que la activista y ex ministra Susana Muhamad con su brazo del ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) se encargó de bloquear la exploración y explotación de pozos potenciales de gas en el país dejándonos en esta situación. El pozo Komodo-1 y Uchuva 2 han sufrido bloqueos por ese ministerio lo que impide que Colombia sea autosostenible en cuanto al gas.
Caminamos al filo del abismo y se ve al fondo un precipicio peñascoso y escarpado. Ojalá aguantemos lo que falta.
* Ex fiscal general de la Nación
* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
