Aunque todo preocupa en el panorama nacional, no puedo evitar referirme a las incursiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, siguiendo estrictas órdenes del señor Petro, en las empresas distribuidoras de gas y en su gremio Naturgas. En ejercicio de facultades de policía judicial irrumpieron en las empresas, decomisando teléfonos y computadores y amedrentando a directivos y funcionarios.

No es la primera vez que hemos visto operativos de esta naturaleza. Baste recordar el efectuado en la Registraduría y que hoy es objeto de investigación por parte de la Procuraduría. Y en el ámbito internacional, cómo no recordar idénticas maniobras en Venezuela contra centenares de empresas acusadas de especular con productos y precios.

En Colombia la situación del gas es clarísima. Lo cierto es que estábamos más que avisados, incluso por el propio Ecopetrol, responsable de más del 80 % de la producción nacional, sobre la imposibilidad de atender, a partir de 2025, la demanda interna de este combustible. En diciembre pasado dichos anuncios se materializaron y se hizo necesario acudir a la única fuente de suministro: el gas de importación. Por supuesto, a precios que llegan a ser más de tres veces los del mercado nacional.

Nadie, salvo Petro y su ministro Camacho, se ha atrevido a desafiar la realidad y contundencia del mercado; esto es, que no hay suficiente gas para atender la demanda del llamado mercado esencial (residencias, comercio, etc.). Lo cual, además, no será posible en el corto plazo. A estas alturas uno se pregunta por qué este despliegue policiaco de la señora Rusinque no se dirigió a Ecopetrol o al Ministerio de Minas y Energía, verdaderos responsables de lo que está ocurriendo.

Dicho todo lo anterior, y con el ánimo de aportar a la solución, considero que ya sin más dilaciones se debería desplegar un plan de choque y reactivación de todos los proyectos de gas identificados en el territorio, acelerar la exploración, invertir en redes de transporte y, por supuesto, meter en cintura a Ecopetrol y su abusivo monopolio.

Pero nada de esto será posible sin garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas, lo cual supone suspender la campaña gubernamental contra los hidrocarburos, pero especialmente el gas. Y también recuperar la seguridad física que impide la actividad de exploración de nuevos yacimientos, sobre todo en el piedemonte llanero.

Propongo reactivar los planes piloto de investigación en yacimientos no convencionales y desarrollar todo el potencial de sus reservas que multiplicarían por seis las existentes. También invitó a definir los proyectos ‘offshore’ como estratégicos y visualizarlos sin más contratiempos para impedir que se retrasen un día más por inconcebibles demandas ambientales, como aquellas del proyecto Komodo. Y ni qué decir del proyecto Sirius, donde deberán realizarse más de 116 consultas a comunidades para un yacimiento costa afuera. Increíble a dónde puede llegar el fanatismo.

Por supuesto, para restablecer la confianza y dar las señales adecuadas es fundamental que el Gobierno pague a las empresas distribuidoras de gas natural y GLP los montos que por sumas superiores a los 800.000 millones de pesos les adeuda desde marzo del año pasado, impactando toda la cadena de suministro.

El Gobierno y Ecopetrol han anunciado que toda esta crisis se superará definitivamente con la entrada en operación del campo Sirius en 2031. Para ello se necesitan inversiones millonarias y un acompañamiento día a día del Gobierno en sus procesos de licenciamiento ambiental y social. Pero preocupa que hasta ahora no haya una declaración oficial sobre el desarrollo de este proyecto ni por parte de Ecopetrol ni de su socio, Petrobras.

Lo cierto es que en Colombia se acabó el gas barato. Que el país tendrá que acudir en el futuro a volúmenes cada vez mayores de gas importado a precios sensiblemente superiores. Yo sí creo que es posible y que estamos a tiempo de desplegar un plan de inversión masivo, capaz de recuperar el nivel de nuestras reservas al menos para 15 o 20 años y de asegurar el abastecimiento de la demanda, por lo menos la esencial, en los próximos tres a cuatro años. Y dejarnos de operativos policiales para desviar la atención de la incompetencia del Gobierno y su sartal de mentiras.

P. D.: Y pensar que el sector eléctrico y el petrolero van por el mismo camino, porque somos la potencia mundial de la vida.