La capacidad de Cerrejón para sobrevivir y sobreponerse a la difícil e insostenible situación en que la tienen los frecuentes e inauditos bloqueos de las vías, tanto vehiculares como férrea, que le impiden desarrollar sus actividades operacionales, ambientales y sociales en forma normal, está llegando a sus límites. Más alarmante aun con los irracionales atentados terroristas recientes a su línea férrea.
El gobierno nacional no solo no ha hecho nada para impedir esa situación que destruye la competitividad y sostenibilidad de Cerrejón, sino que, por el contrario, ha decidido continuar con su empeño de afectarla financieramente, al imponerle un nuevo impuesto a las ventas de carbón, dentro del marco de la conmoción interior por la crisis de seguridad del Catatumbo, tal como quedó en el decreto 0175 del pasado 14 de febrero, expedido por el Ministerio de Hacienda.
Muchísimas son las pérdidas que ha sufrido Cerrejón con los casi 300 bloqueos que impactaron su operación durante el año 2024 y lo corrido de 2025. Pero la amenaza persiste y es muy probable que, de continuar los bloqueos, los atentados terroristas, y las medidas del gobierno nacional enfocadas en más impuestos, regulaciones y restricciones, terminarán acabando con la sostenibilidad de esta empresa, y de paso destruyendo más de 12 mil empleos directos y todos los beneficios que genera para la región: Cerrejón contribuye con aprox. el 57% del PIB de La Guajira.
Lo anterior debería ser suficiente para justificar el ejercicio de autoridad del gobierno nacional, orientada a prevenir los bloqueos, que en su mayoría son realizados por las comunidades para protestar por incumplimientos del mismo Estado, o para emprender acciones de inteligencia que permitan identificar y procesar judicialmente a los responsables de los atentados terroristas.
También hay casos de bloqueos, o “cierres de territorios”, como los que realiza la ONG Nación Wayuu, que deberían ser revisados responsablemente por sus lideres, pues no pueden ser justificados con la exigencia de decisiones que deben ser tomadas por la Corte Constitucional, como modificar un fallo de tutela, o por el Congreso de la República, como modificar el sistema actual de regalías.
El gobernador de La Guajira ha exigido acciones de autoridad que le competen al gobierno nacional. Ojalá se multipliquen las expresiones de solidaridad de otros lideres políticos, gremiales, sociales, sindicales, periodísticos, y de la opinión pública en general, en defensa de la continuidad de cerrejón.
@AELopezP|
