Se ha vuelto costumbre en los funcionarios del gobierno mentir y manipular de manera obsesiva y constante las cifras e indicadores de gestión. Lo más sorprendente es que los medios de comunicación y gremios las echan para adelante.
Esta semana, por ejemplo, el Dane reveló que la cifra de crecimiento del PIB en 2024 había sido del 1,7%. Inmediatamente, su directora salió a decir que las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron la agricultura, con crecimiento del 8,1%; actividades artísticas, 8,1%; y la administración pública (burocracia), con el 4,2%.
Esa mentira se cae por sí sola. Cuando se habla del PIB, debe hacerse en términos constantes donde el factor precio no debe incidir en los resultados del crecimiento o disminución de la economía. En las explicaciones que dio la directora del Dane, dice que el sector cafetero fue el que más contribuyó a ese crecimiento y específicamente por el incremento de los precios internacionales, cuando la realidad es que la producción del 2024 solo tuvo un crecimiento del 23% respecto al 2023; por lo tanto, los precios no deben incidir en las cifras del PIB en términos constantes. Asimismo, afirmó que el sector agropecuario contribuyó en el 0,8% al crecimiento del PIB nacional, lo cual da a entender que el sector agropecuario representa el 10% del PIB, cosa que tampoco es cierta, ya que según las cuentas nacionales el sector agropecuario solo representa el 5.95% del PIB nacional.
Teniendo en cuenta estos dos elementos de análisis, el sector agropecuario no pudo haber crecido o creció insignificantemente en términos reales; por lo tanto, el PIB en general no pudo haber crecido un 1,7% en 2024, pues los otros sectores que contribuyeron a ese pobre crecimiento fueron el gasto público (burocracia), servicios públicos y el sector artístico, sectores que nada o poco contribuyen a la productividad nacional.
Igualmente ocurre con las cifras de la reforma agraria. Según las cifras del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), han comprado 174.237 hectáreas de 2.9 millones que se había fijado como meta en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que representa una mediocre ejecución del 6% de cumplimiento. Lo peor del cuento es que la Contraloría General de la República encontró irregularidades por $160.000 millones en la compra de esos predios. Dice el órgano de control fiscal que el 50% de los predios adquiridos tienen suelos inadecuados, son humedales o están ocupados ilegalmente. ¡Qué bárbaros!
Lo más indignante es que solo han podido entregar 12.871 hectáreas, con escrituras registradas ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). El resto de las tierras las han entregado provisionalmente, porque no han legalizado las compras ante la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de Víctimas. Literalmente, están entregando tierras ajenas. Qué tremendo rollo jurídico, fiscal y social el que están armando. Y como dice el dicho: “El que siembra en tierra ajena, hasta la semilla pierde”.
Pero si en la ANT llueven las mentiras, en las demás entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura, no escampa. ¿Ya ven por qué hasta los incautos dudan del crecimiento del agro?
@indadangond
