En el proceso penal, la imparcialidad de las pruebas es clave. Sin embargo, en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que debería ofrecer dictámenes técnicos y objetivos, depende de la Fiscalía, lo que genera un serio conflicto de interés. ¿Cómo puede garantizarse una valoración médica neutral si la institución que la emite responde, en última instancia, a los intereses del ente acusador?

Los peritajes de Medicina Legal no solo determinan aspectos esenciales en casos de lesiones, muerte o agresiones sexuales, sino que también son determinantes en decisiones sobre imputabilidad y domiciliarias.

No es raro que sus informes terminen ajustándose a las necesidades de la Fiscalía, más que a la realidad forense. Esto ha llevado a que, en muchos casos, se presenten dictámenes con conclusiones que van más allá del ámbito médico y caen en el terreno judicial, adoptando el lenguaje de la acusación y sugiriendo responsabilidades penales.

Este sesgo no es menor. En temas de detención domiciliaria, por ejemplo, un dictamen médico puede definir si una persona debe permanecer privada de la libertad en una cárcel o en su hogar.

Si el informe se inclina en favor del criterio de la Fiscalía, se endurecen las condiciones para el procesado, sin que haya una revisión real de su estado de salud.

Lo mismo ocurre con los estudios sobre inimputabilidad. Un peritaje mal enfocado puede decidir si una persona es considerada capaz de comprender sus actos, y las consecuencias penales, incluso cuando hay elementos suficientes para dudar de su responsabilidad. En estos casos, la “ciencia” se convierte en una herramienta de condena anticipada.

No se trata de poner en duda la labor de los peritos, sino de cuestionar la estructura que los pone en una posición de dependencia frente a la Fiscalía.

La solución no es sencilla, pero una Medicina Legal realmente autónoma es una deuda pendiente con la justicia colombiana. Mientras tanto, seguimos en un sistema donde la imparcialidad forense es, en muchos casos, una simple ilusión.

Es urgente repensar el rol de Medicina Legal dentro del proceso penal y garantizar su independencia para evitar que sus informes se conviertan en instrumentos de una parte en disputa.

Solo con una verdadera autonomía se podrá asegurar que la justicia opere con objetividad y sin interferencias que comprometan la verdad de los hechos.