La reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) aumentará los recursos asignados a los entes territoriales de manera progresiva del 24% al 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación. Para su implementación, el Gobierno nacional deberá tramitar un proyecto de Ley de Competencias, abriendo una interesante y necesaria conversación sobre las tareas y las capacidades que deberán desarrollar los gobiernos subnacionales para cerrar brechas entre territorios, promover la inclusión social, reducir la pobreza y la desigualdad y generar dinámicas sostenibles de crecimiento económico.
Una de las claves para que este flujo adicional de recursos se convierta en un catalizador del desarrollo regional está en el fortalecimiento de la autonomía de las entidades territoriales. Esto implica, según la Misión de Descentralización del DNP, que se garantice la ejecución de los recursos a partir de las prioridades definidas por las administraciones locales para el cumplimiento de sus objetivos sociales, económicos y ambientales. Para alcanzar este objetivo, una propuesta a discutir podría ser la destinación específica de un porcentaje de los recursos del SGP para el fortalecimiento de la institucionalidad pública local. Esta apuesta buscaría que los entes territoriales mejoren la eficiencia y trazabilidad de sus procesos, ampliando sus capacidades de gestión y generación de ingresos adicionales. Entendiendo que la descentralización se materializa en el territorio y con el concurso de los actores locales, Findeter trabaja para fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las entidades territoriales, particularmente las de menor tamaño y recursos. Solo en 2024, se desembolsaron COP 573.000 millones para el saneamiento fiscal de municipios y departamentos en el marco de la línea de crédito con tasa compensada “Fortalecimiento Institucional”. Adicionalmente, los gobiernos subnacionales tienen a disposición la línea “Compromiso Catastro Multipropósito” cuyo objetivo es financiar las actividades de promoción del ordenamiento territorial y esfuerzo fiscal.
El proceso de descentralización iniciado hace 40 años en Colombia permitió ampliar la participación política, modernizar la gestión de lo público y extender la cobertura de servicios básicos. Seguiremos apoyando las iniciativas de las administraciones locales para prestar, en el marco de los principios de la sostenibilidad fiscal, más y mejores servicios para cerrar las brechas de desarrollo regional.
* Presidente de FINDETER
