Ocho años y veintitrés días después, el fallo del Consejo de Estado del pasado 6 de febrero sobre la disputa de límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, que confirmó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico del 14 de diciembre de 2016, nos permite, al menos, dos conclusiones: una, que los diputados del Atlántico que aprobaron la ordenanza que le entregó a Puerto Colombia el control territorial de 1.435 hectáreas del Distrito de Barranquilla abusaron de sus competencias al hacer algo que no les correspondía y, otra, que constituyó un despropósito cederle un área a un municipio que nunca estuvo preparado para administrarla y que solo se ha beneficiado de ella cobrando unos impuestos que no se ven traducidos en inversiones públicas significativas.
Porque digamos la verdad y no es malquerencia a Puerto Colombia, pues su historia, aportes e importancia apreciamos altamente: este municipio, a pesar de que su PBOT definió que debía dotarse de unos excelentes servicios públicos domiciliarios para atender el crecimiento inmobiliario que ha venido ocurriendo en el suelo de expansión urbana, no ha hecho nada para avanzar en esa fundamental dirección estratégica.
El PBOT de Puerto Colombia plantea modernizar sus sistemas de acueducto y alcantarillado con una serie de proyectos que se han ido quedando en el papel. Es una irresponsabilidad que en el suelo de expansión urbana (ubicado en la franja de 1.435 hectáreas) se hayan aprobado planes parciales que dieron lugar a nuevas urbanizaciones. En esa irresponsabilidad, hay que decirlo, ha concurrido también la Triple A con la entrega de disponibilidades en servicios públicos.
Hay que decir las cosas de manera clara y directa: como Puerto Colombia no está ejecutando los proyectos de su PBOT para dotarse de avanzados sistemas de acueducto y alcantarillado, han sucedido dos cosas: una, que el agua potable para los proyectos inmobiliarios en el suelo de expansión urbana proviene de la Triple A que ya tiene limitaciones en producción del líquido (y falta todavía un tramo largo en la construcción del Acueducto Regional del Norte) y, otra, que las aguas residuales no tratadas han incrementado la contaminación ambiental.
Con fecha 26 de febrero, María Correa y yo le enviamos un derecho de petición al alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, y al gerente de la Triple A, Ramón Hemer. Los dos servidores públicos deben informar en qué infraestructuras y disponibilidades de acueducto y alcantarillado se han sustentado los proyectos inmobiliarios en Puerto Colombia en el suelo de expansión urbana.
