Es evidente que la situación de orden público sigue causando gran preocupación y generando hechos violentos en Colombia, con tendencia a continuar empeorando aún más. Se está confirmando el fracaso de la política de paz del Gobierno Nacional, representada por su fallida “paz total”, que ha intentado implementar en los largos dos años y medio que han transcurrido de su mandato, en forma desordenada y sin un plan estructurado y concreto. Una clara demostración de un pobre liderazgo para lograr resultados efectivos y medibles.

La más reciente encuesta Invamer poll, la primera del 2025, además de mostrar un incremento en la desaprobación del desempeño del presidente Petro –llegó al 65%–, identificó al orden público –seguridad en los territorios– como el problema que más trasnocha a los colombianos, alcanzando el 31% entre todas las preocupaciones consultadas.

Las continuas noticias que nos llegan de las regiones que sufren el accionar delictivo de los grupos armados ilegales han sido complementadas con el más reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con datos alarmantes que evidencian el deterioro de la seguridad en varias regiones del país: Crecimiento del confinamiento en 58% con respecto al 2023, más de 52.000 personas desplazadas, incremento significativo del reclutamiento de menores, con una cifra que supera los 216.000 casos. Aunque según estimaciones de la Defensoría del Pueblo las denuncias recibidas son alarmantes y podrían ser el doble de esa cifra. El secuestro también sigue creciendo.

Según Indepaz en este 2025 ya han ocurrido 32 masacres, 13 firmantes de paz y 32 líderes sociales asesinados, sin visibles acciones de control por parte de la maniatada Fuerza Pública, lo que ha facilitado un mayor control territorial de los grupos armados ilegales.

A pesar de las evidencias y de la rigurosidad de las fuentes de los datos mencionados, el presidente Petro ha insistido en su actitud negacionista, y apoyado en una información que emitió el saliente ministro de Defensa, relacionada con la reducción de la tasa de homicidios intencionales –que difiere con las cifras de Medicina Legal– se atrevió a decir que la situación de orden público “no es tan dramática y está mejorando en la mayoría de los Departamentos”.

En vez de arremeter, como lo hizo, contra el Consejo Gremial y los Medios porque cuestionaron sus cifras, debería esforzarse por reconocer sus múltiples errores y rectificar el rumbo de su caótica gestión de paz.

@AELopezP