Esta semana, los colombianos vimos cómo se maneja de manera improvisada y mediática la crisis económica, social y de inseguridad en el Catatumbo.
El Consejo de Ministros del pasado lunes, televisado en todos los canales de televisión, mostró a un presidente de la República desconectado de su gabinete y sin carta de navegación. Las intervenciones del director del DPS, Gustavo Bolívar, del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, del ministro de Educación, Daniel Rojas, y de la directora del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Gloria Miranda, son un claro reflejo del profundo desconocimiento que tienen de la problemática del Catatumbo y de las soluciones que requieren más de 50 mil personas de esa región.
Los 1.2 billones de pesos anunciados por el ministro de Hacienda para atender los programas de inversión bajo la conmoción interior decretada ($881.000 millones para la seguridad y los 330.000 millones para erradicación de cultivos) pueden terminar peor que los famosos carrotanques de La Guajira. Los magistrados de la Corte Constitucional, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quedan notificados.
Respecto a las estrategias e inversiones para el programa de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, la directora del PNIS, Gloria Miranda, anunció la sustitución manual de 25.000 hectáreas en un año, equivalente a 69 hectáreas diarias. Si una hectárea se erradica manualmente en 16 horas, va a necesitar una cuadrilla de 137 personas diarias durante los 365 días del año para cumplir la meta. Esas mismas hectáreas se pueden erradicar en mucho menor tiempo y menor costo, con un dron y unos galones de glifosato.
De igual manera, anunció un pago de $1.280.000 a cada familia durante doce meses, pero no especificó cuántas familias eran. Según cifras oficiales, una hectárea se erradica en 16 horas, equivalente a dos jornales ($108.232) diarios. Claramente, este programa puede terminar causándole un detrimento patrimonial al Estado. El que erradica una hectárea, siembra dos y cobra tres.
El tercer error cometido en este programa es el anuncio de destinar entre 10 y 20 millones de pesos por proyecto productivo. Para garantizar un ingreso mensual superior a una hectárea de coca, se requiere sembrar entre 5 y 10 hectáreas de un cultivo semestral o perenne, lo cual exige una inversión entre los 70 y 120 millones de pesos. Y, para que un banco pueda hacer el cierre financiero, se requiere que los productores estén integrados a una industria. Pues, a la directora del PNIS y a la jefe de cartera agropecuaria, se les olvidó invitar a los industriales.
Para rematar, anunciaron la siembra de unos cultivos sin antes hacer el estudio de las condiciones de suelo, humedad relativa, temperatura, luminosidad y precipitación en esa región. Si ya existen 42.000 hectáreas de palma y seis extractoras de aceite, lo lógico era sustituir las 25.000 hectáreas de coca por palma, caña de azúcar y coco, para crear el clúster de aceites, biodiésel y etanol más grande del país.
La agricultura no sabe de ideologías y lo que se estructura mal termina mal.
@indadangond
