Los proyectos mineros y de hidrocarburos tienen un impacto directo y positivo en el crecimiento económico de las regiones, y no solo en términos de los ingresos para las empresas, sino también en cuanto a la creación de empleos, la construcción de infraestructura y la generación de regalías que pueden usarse para el desarrollo de la región. En muchas zonas del país, estos proyectos son los que realmente impulsan la economía local y regional, y si no se llevan a cabo, se corre el riesgo de mantener o aumentar la pobreza.

En este contexto, la negativa en muchos casos de comunidades o incluso de grupos opositores tanto de la sociedad civil como de gobierno, de aceptar proyectos de grandes inversiones, sean energéticos, mineros, civiles, etc. ya sea por miedo a los impactos sociales, culturales o ambientales, puede tener también efectos adversos para toda la región. Si la oposición mantiene una postura inflexible, podrían estar cerrando las puertas a una fuente significativa de ingresos que podría beneficiar a todos los habitantes de la región, incluidos ellos mismos.

El país y los gobiernos locales deben ser capaces de cambiar la perspectiva sesgada de evaluar los proyectos. Hoy solo se evalúan los impactos negativos que puedan tener los proyectos sobre el ambiente, las comunidades y la región en general, en los escenarios de realización de los proyectos, pero aún no evaluamos (como ya hacen algunos países desarrollados) cuáles serían los impactos negativos y costos de no realizar los proyectos para toda la región, teniendo en cuenta que los recursos de las inversiones para la conservación y restauración del medio ambiente salen de este tipo de proyectos, así mismo la inversión social a nivel nacional.

El Gobierno no solo debe velar por los derechos justamente adquiridos por minorías, sino también por los derechos de las mayorías. Si los territorios se vuelven lugares no atractivos para la inversión debido a los altos costos que las empresas deben afrontar (por compensaciones desproporcionadas o restricciones innecesarias), la región se verá atrapada en un ciclo de pobreza y estancamiento económico. Las oportunidades de desarrollo económico se perderán para todos (no solo para quienes se oponen), lo cual genera una injusticia social hacia la mayoría de los colombianos, que dependen de estos proyectos para vivir de manera digna.

El Estado debe intervenir activamente para moderar entre las partes y asegurar que las demandas de las comunidades sean razonables, sin que esto implique que se ignoren sus derechos. Es fundamental que el Estado regule y medie para evitar que las demandas se desborden y pongan en riesgo el bienestar económico de la región. Debe garantizar que los proyectos de interés público no se vean bloqueados por pretensiones exageradas que no se corresponden con la magnitud de los impactos reales.

Director Observatorio de Transición Energética del Caribe OTEC – Universidad Areandina