El Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, como centros estratégicos del Caribe colombiano, conviven con una serie de guerras horizontales (entre GAOs y GDCOs) en varias regiones de la Costa. Pese a no ser prácticas originarias de sus propios territorios, por su localización estratégica irradian dinámicas de violencia que en 2024 llevaron los registros de homicidios intencionales a escalas preocupantes en estos entes territoriales.
En el sur de Córdoba y los Montes de María, las otrora Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como “Clan del Golfo”, mantienen una guerra abierta contra las disidencias de las FARC, particularmente el Estado Mayor Central (EMC). Esta confrontación tiene como trasfondo el control de corredores terrestres y en general las rutas del narcotráfico que conectan el interior del país con los puertos del Caribe, así como el dominio de economías ilegales como la extorsión y la minería ilícita. Desde hace más de un año en los comunicados del “Clan del Golfo” se han autodenominado “Ejército Gaitanista de Colombia”, buscando propósito de reconocimiento de beligerancia en un eventual diálogo. Esta organización tiene presencia de estructuras armadas en todos los Departamentos del Caribe continental colombiano.
En los Departamentos de la Guajira y del Magdalena (inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta), los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Pachencas, buscan determinar la hegemonía de cualquiera de estas estructuras en la industria del Narcotráfico presente en la zona, nodos de conexión territorial a costas y puertos, el microtráfico de drogas y la predación de rentas iliciticas a través de la extorsión y el llamado “gota a gota”.
En el sur del Cesar, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) libra una guerra horizontal contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, también motivada por el control de corredores estratégicos hacia los puertos de la costa Caribe y el acceso a cultivos ilícitos. Aunque el ELN ha participado en negociaciones con el gobierno bajo la paz total, la ruptura del cese al fuego en agosto de 2024 evidenció la fragilidad de estos diálogos. La competencia por el territorio ha generado desplazamientos masivos y un incremento de masacres, como las reportadas en San Pablo y Santa Rosa del Sur en 2024. La falta de una estrategia coherente de seguridad ha permitido que ambos grupos fortalezcan sus estructuras, aprovechando la ausencia estatal y la porosidad de la frontera con Venezuela. No muy lejos de allí, en el Catatumbo (Norte de Santander), los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han causado casi un centenar de muertos en pocas semanas, más de 50.000 desplazados, cerca de 30.000 personas adicionales confinadas en sus comunidades por miedo a quedar atrapas en el fuego cruzado entre los violentos.
En el Sur de Bolívar, miles de sus habitantes viven una tragedia producto del enfrentamiento entre disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta guerra horizontal, está afectando profundamente municipios como Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Cantagallo, y Morales. Hostigamientos, homicidios colectivos, y ajusticiamientos hacen parte de su cotidianidad.
La paz total, que buscaba diálogos simultáneos con estos grupos, no ha logrado frenar su expansión territorial ni su capacidad operativa. Por el contrario, los ceses al fuego intermitentes promovidos por el Gobierno, han sido interpretados como una señal de debilidad estatal, permitiendo a estas estructuras consolidarse y promover acciones armadas para garantizar su hegemonía en sus respectivas áreas de influencia.
Lo que se ilustra en el Caribe, presenta hoy un riesgo palpable de réplica en otras regiones del país como Choco, Nariño, Cauca, Guaviare, el Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Bolívar y Sur de Cesar. En el próximo informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte le explicaremos la forma en la que esto impacta la seguridad ciudadana en entornos urbanos.
* Director del Observatorio de Seguridad Ciudadana · Docente-Investigador. Departamento de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales Uninorte
