Lamentable lo que está sucediendo con la política de crédito para el sector agropecuario.
La jefe de la cartera agraria resolvió, con un grupo de funcionarios sin experiencia ni conocimientos en crédito de fomento agropecuario, aprobar un plan indicativo de crédito y de incentivos para grupos de poblaciones rurales que no acceden a créditos bancarios, desarrollan una agricultura de subsistencia o no tienen la capacidad técnica ni de endeudamiento, para desarrollar un proyecto productivo que les garantice dos salarios mínimos mensuales.
En este gobierno decidieron establecer la política de crédito agropecuario por ideología. Crearon unos usuarios especiales de crédito que, en los 25 años que llevo prestando mis servicios profesionales al sector, nunca los he visto en una finca desarrollando un proyecto agrícola o ganadero. Me refiero a productores del campo con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, como las comunidades LGBTIQ y OSIGD, productores de coca vinculados a los fracasados programas de erradicación de cultivos ilícitos en el Cauca y Catatumbo, desmovilizados de las guerrillas, comunidades negras, étnicas, raizales y palenqueras, entre otras. A estos grupos se les destinaron $221.000 millones en subsidios, incentivos y ayudas. A los pocos que llegan a tener acceso a un crédito, el Banco Agrario les aprueba en promedio $17 millones. Están fomentando una agricultura de pobreza, siniestrando la cartera y despilfarrando los dineros públicos.
Claramente, estos dineros públicos son entregados con criterio político y de forma arbitraria e injusta. No tienen en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de los otros: iguala a todos por abajo. Lamentablemente, la Contraloría General de la República, los gremios de la producción agropecuaria ni las Comisiones Quinta de Cámara y Senado, se han dado por enterados de esta incoherente y desacertada política de crédito de fomento al sector agropecuario.
Mientras tanto, los palmeros siguen sin acceso a créditos a largo plazo para renovar más de 130.000 hectáreas envejecidas y reemplazar 28.000 hectáreas afectadas por la enfermedad de la pudrición del cogollo. Por su parte, a los arroceros les tocó financiar unas 200.000 hectáreas de arroz que comienzan a sembrarse el próximo 19 de abril en Casanare y Meta, a través de distribuidores de agroinsumos, industria molinera y prestamistas locales, porque el ministerio de Agricultura y Finagro, no sacaron a tiempo los subsidios de tasa de interés, seguro contra riesgo climático ni el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para fomentar la inversión en drenajes, riego y mecanización de cultivos.
De todas maneras, no hubiesen podido acceder a esas ayudas para bajar los costos de producción y aumentar la productividad de sus cultivos, pues, en este gobierno, los medianos y grandes productores de alimentos y materias primas, están excluidos de cualquier tipo de incentivos y ayudas.
Por Dios, ministra, las plagas, enfermedades, sequía o inundaciones no distinguen entre un pequeño, mediano o gran productor cuando entran a un cultivo a destruir una cosecha, y para los consumidores finales, el precio es el mismo sin importar el estrato social que pertenezcan. No sigan dividiendo la población agropecuaria del país, el productor del campo es uno solo, independientemente de la raza, religión, tamaño o inclinación sexual a la que pertenezcan.
@indadangond
