El atropello del gobierno Petro es permanente. El linchamiento discursivo contra los ocho senadores que hundieron la nociva reforma laboral es inaceptable. Habla de derechos para la población cuando estos existen. Habla de horas extras y dominicales, como si fueran una novedad. Habla de nuevos derechos para las mujeres cuando tienen la “menstruación” como si fuera una enfermedad. Este gobierno de la charlatanería corre la cerca y deja expuesta la democracia y el estado de derecho.

Ahora, el flamante ministro del interior, Armando Benedetti indica que la consulta popular se hará porque se hará para establecer la aprobación de disposiciones normativas de la reforma laboral y de salud. Desconoce que la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana no sirve para aprobar proyectos de articulado.

El paso a seguir según el ministro del interior es enviar el texto del proyecto de consulta popular al Senado con un grupo de preguntas para que la plenaria lo vote. Sería absurdo e infame que el Senado vote a favor de una consulta cuando esto se utiliza como un mecanismo para agredir al mismo Congreso y a la comisión séptima que ejerció sus competencias. Lo que se espera es que el voto en contra se imponga y no le permitan a Petro meterse de lleno en una campaña en la cual las instituciones perderían y el país saldría lesionado.

Ni hablar de los 700,000 millones de pesos que costaría esa tamaña irresponsabilidad en un momento de crisis fiscal. La sacada a patadas del ministro de Hacienda Diego Guevara es una evidencia de esta crisis cuando de forma sensata evidenció que las cuentas no daban y que se debería recortar más de 20 billones del presupuesto. Sobra decir que al paso que vamos la deuda terminará en el 62% en el 2026 frente al 57,8% en el 2024. Con Guevara ya son 52 ministros y ni hablemos de los 126 viceministros que han pasado en esta pérfida administración. Un modelo de irresponsabilidad.

De otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo arremetió en la instalación de la mesa de la Unidad de pago por capitación (UPC) contra la Corte Constitucional. En ese sentido, su cartera ha evitado la aplicación del auto 007 de 2025 y el considerando 22 del auto 089 de 2025 que se profirieron por la sala especial de seguimiento de la emblemática sentencia T-760 de 2008.

En el evento atacó las competencias de la Corte Constitucional diciendo que ese tribunal no tiene competencia para determinar el valor de la UPC, tampoco que ella puede definir la competencia sobre la legalidad de los actos administrativos y que el sistema de salud está como está por cuenta de las EPS. Mientras pelea contra la Corte, el ministro pasa por alto que las filas de los usuarios son interminables en los centros de salud del país y que a la gente no se le entregan sus medicamentos.

Estas agresiones de la última semana contra el Congreso de la República y la Corte Constitucional no son novedad. Petro desde que comenzó su gobierno ha venido atacando otras entidades como la Fiscalía General, la Procuraduría, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, entre otros. Su obsesión por no dimensionar su final en la presidencia de la República lo lleva a afirmar que las instituciones lo bloquean cuando es precisamente lo contrario. Su actitud autocrática lo lleva a arremeter contra la Constitución Política de 1991 y contra sus instituciones.

Aquí lo que debemos recordarle a Petro es que lo único que " va porque va” es el fin de su gobierno. En el 2026, el pueblo se lo hará saber.

@FGFBarbosa

Ex fiscal general de la Nación

Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)