El Atlántico enfrenta un desafío crucial en materia de seguridad. Homicidios, extorsiones y hurtos superan, en algunos casos, los promedios nacionales y regionales. La tasa de extorsión, por ejemplo, pasó de 8 casos por cada 100.000 habitantes antes de la pandemia a 47 en 2024. Los homicidios alcanzaron los 33 por cada 100.000 habitantes, superando las cifras de 2019. En contraste, los hurtos a personas se redujeron un 46% respecto a 2023.

Las causas de este deterioro son diversas: crecimiento urbano descontrolado, impunidad, corrupción, falta de oportunidades, expansión de estructuras criminales y hacinamiento carcelario, que, en lugar de rehabilitar, fortalece las redes delictivas. No existe una fórmula mágica para combatir la inseguridad, pero las ciudades que han logrado avances comparten ciertos principios clave.

Primero, es fundamental comprender que el crimen responde a dinámicas sociales, económicas y territoriales que requieren respuestas diferenciadas, basadas en evidencia y adaptadas a cada contexto. Ignorar esta complejidad conduce a estrategias simplistas que, por lo general, fracasan.

Segundo, las intervenciones más exitosas se diseñan con información confiable, lo que permite entender dónde y cómo ocurre el delito para focalizar esfuerzos en los puntos de mayor incidencia y en las poblaciones más vulnerables. La prevención debe ser la prioridad sobre la simple reacción.

Tercero, el liderazgo político es esencial. Las estrategias de seguridad no pueden depender de los cambios de administración. Las experiencias más exitosas en América Latina y el Caribe han surgido cuando las autoridades locales han asumido un liderazgo real, respaldado por instituciones fuertes y legítimas.

Cuarto, y quizás lo más importante: no improvisar. En la última década, muchas iniciativas han fracasado por falta de continuidad o de rigor en su diseño. Hoy sabemos qué funciona y qué no. La única manera de avanzar es aprender de la evidencia, medir el impacto de las estrategias y promover una cultura de evaluación constante.

La seguridad debe abordarse de manera integral. No basta con aumentar el pie de fuerza policial; es necesario fortalecer el tejido social, la educación y la inclusión como estrategias de prevención. Espacios públicos seguros, programas culturales y deportivos, así como el acceso a oportunidades económicas, pueden jugar un papel clave en la reducción de la violencia.

Si queremos un Atlántico seguro, es hora de apostar por políticas informadas y sostenibles, pero, sobre todo, aprender de la experiencia de otras ciudades que han logrado avances significativos. La seguridad no se decreta, se construye.

* Directora Ejecutiva Fundesarrollo