A lo largo de varios meses, en público y en privado, hemos expresado nuestras observaciones sobre la CRA. Hoy empiezo reiterándole a Jesús León Insignares, su director general, que aplaudimos la decisión de haber incorporado en el plan de acción cuatrienal de la entidad la revisión y ajuste del Pomca 2017. Proceso trazado a 14 meses de ejecución, para lo cual contrataron al Consorcio Mallorquín, que el 20 de enero puso en marcha los espacios de participación de la sociedad civil.
Debo decir, sin embargo, sin rodeos, que no compartimos que la CRA insista en asumir de manera exclusiva la revisión y ajuste del Pomca. Y persista en sus zigzagueantes justificaciones técnicas que se volvieron míticamente recurrentes.
El Pomca 2007, adoptado por el acuerdo 001, fue fruto del acierto de haber conformado una Comisión Conjunta integrada por la CRA, Cormagdalena y el Damab (la autoridad ambiental de Barranquilla de entonces). Tal Comisión Conjunta nació del Convenio Interadministrativo 0010 de 2005 y de esa convergencia institucional surgió un Pomca respetuoso de las vitalidades ambientales del área contigua a la ciénaga de Mallorquín.
La supresión de la Comisión Conjunta la explicó la CRA en la resolución 000072 que le dio vida al Pomca 2017, así: “la Corporación Regional Autónoma del Atlántico, CRA, es la única autoridad ambiental que posee jurisdicción en la cuenca hidrográfica de la ciénaga de Mallorquín y los arroyos Grande y León…”. En la resolución citada, la entidad subrayó que no era “necesario convocar una Comisión Conjunta” en virtud de los “artículos 214 y 215 de la Ley 1450 de 2011″, que expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del presidente Juan Manuel Santos. Estos artículos conceden competencias a los establecimientos públicos ambientales, como la CRA, para elaborar los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, pero no desconocen o eliminan las competencias de Cormagdalena, que posee jurisdicción sobre el delta del río Magdalena del que hace parte la ciénaga de Mallorquín.
La evasión a la Comisión Conjunta en el Pomca 2017 es uno de los componentes de una demanda de nulidad simple del abogado Raymundo Marenco Boekhoudt ante el Tribunal Administrativo del Atlántico. María Correa y yo la anexamos a una coadyuvancia radicada el viernes 28 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en apoyo a la acción popular de la Procuraduría General de la Nación que demandó, entre otras entidades, a la CRA por los efectos ambientalmente lesivos del Pomca 2017. ¡Y vamos hacia un nuevo Pomca también sin Comisión Conjunta!
@HoracioBrieva
