No es bueno ser ave de mal agüero, pero Colombia está entrando en aguas turbulentas. La afectación a las instituciones en este gobierno no ha sido menor. Petro ha atacado la rama legislativa, la Fiscalía General, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y ahora el Banco de la República. En síntesis su trabajo ha sido romper la institucionalidad del país. Ese fue su propósito y su meta.

En cuanto a la economía la crisis fiscal se avecina. El gobierno gasta, gasta y gasta sin control. Su presupuesto de 523 billones de pesos no fue aprobado por el Congreso de la República porque irresponsablemente introdujeron 12 billones de pesos que dependían de una ley de financiamiento que ni siquiera se había presentado. En medio de ese debate salieron dos ministros de Hacienda. Uno por escándalos de presunta corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres y otro porque se le paró a Petro y le dijo que había que recortar. Oh error del ministro Guevara: lo echaron de inmediato. Llegó Germán Ávila, ex miembro del M-19, persona sin experiencia en el sector macroeconómico a decirle sí a Petro. El faltante en el presupuesto según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal este año es de 46 billones de pesos. Una calamidad.

Ávila recibe el país con una caída de los ingresos tributarios de 18,5 billones de pesos, 6,8% del déficit fiscal en el 2024 cuando en el 2023 estaba en el 4,3%. El nivel de la deuda está por encima del 60% del PIB y el gasto crece en un 35%. Todo esto genera inestabilidad, desconfianza e incertidumbre.

En medio de esta irresponsabilidad fiscal, el sistema de salud periclita en medio de una angustiante asfixia de recursos por parte del gobierno nacional. Se les debe a los gestores farmacéuticos 4.4 billones de pesos, deuda que dejó Duque en 1,9 billones de pesos. La red prestadora está desmantelándose en parte del territorio nacional y el gobierno no quiere revisar los valores fiscales de la UPC de las vigencias 2021,2022 y 2023 conforme lo ordenado por la Corte Constitucional.

Hoy el gobierno Petro está encargado de 31 millones de personas en salud. Serán pronto más de 45 millones. Los restantes huirán hacia los seguros privados y veremos al 90 % de la población muriendo en la puerta de unos hospitales abandonados porque un presidente extremista e ideologizado acabó el sistema de salud. Esos muertos estarán en las espaldas y en la conciencia de ese gobierno.

En el caso de la seguridad, el país está al garete. Al punto que el ELN señala que controla sin problema el Catatumbo y los señores de la guerra rodean las ciudades al mejor estilo de estados fallidos africanos como Malí, Sudán o la República Centroafricana. Otros departamentos están asediados por el terror de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el mismo ELN. En energía, como lo he reiterado en esta columna estamos al borde del apagón en 7 departamentos y para rematar proyectos bloqueados por el ANLA que impiden que la demanda en la economía se restablezca.

Por el lado, de las exportaciones ya algunos sectores están sufriendo la política de aranceles de Estados Unidos por cuenta del enfrentamiento sin sentido de Petro contra el presidente Donald Trump. En fin, esperemos que no estemos ad portas de una catástrofe que nos impida recomponer el país.

El escritor Sigmund Ginzberg en su libro Síndrome 1933 nos recuerda con sabiduría: “Las crisis siempre se producen en cámara lenta. Pueden durar años. Las catástrofes siempre llegan de golpe, nos cogen desprevenidos.”

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)