Con la reforma al Sistema General de Participaciones —SGP, los territorios recibirán gradualmente hasta el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación —ICN que actualmente están en solo 22 %.
Paralelamente se debe construir la institucionalidad y la organización necesaria en los territorios a través de la Ley de Competencias que debe tramitar el Congreso de la República y estar vigente a partir del 1 de enero de 2027.
Lo siguiente será armonizar la organización de cada departamento, distrito y municipio con esa ley y así estructurar la descentralización fiscal y administrativa del país con calidad normativa.
La tarea principal es empequeñecer el Estado central para que estos niveles territoriales subnacionales puedan crecer con nuevas responsabilidades y financiamiento.
El Ministerio de Hacienda presentará el 20 de julio próximo el proyecto de ley que ha elaborado con Planeación Nacional y los ministerios de Salud, Interior, Vivienda y Educación. Se deben definir recursos y competencias que garanticen, como función principal del Estado, el cierre de brechas sociales a través de los distintos niveles de gobierno, reitero, con sostenibilidad fiscal.
Prioritario: que no haya desequilibrio económico y no dejar de lado que actualmente hay una situación fiscal apretada.
No todo el país podrá avanzar de manera simultánea. Seguro habrá que pactar “competencias diferenciadas” que dependan de las capacidades de cada territorio porque unos no podrán atrasar a otros y no todos irán al mismo ritmo.
La Ley de Competencias permitirá revisar, en detalle, todo el desarrollo territorial y de autonomías con un mapeo de funciones que permita avanzar en la construcción de la infraestructura vial, educación, salud y ordenamiento territorial.
Debe haber un catastro multipropósito que fortalezca la gestión del nivel municipal y planes departamentales de agua estructurados y regulados, no se puede partir de la base de que no hay equipos gubernamentales en los territorios capaces para manejar su realidad, no somos menores de edad, solo es aportar procesos de preparación y capacitación.
Estas herramientas, como el catastro multipropósito, deben ser responsabilidad de la Nación que, a través de censos y de procesos de sistematización, suministrarían información técnica en tiempo real y apoyaría la delegación de competencias.
Los mandatarios regionales no somos meros pagadores. Los territorios también deben participar en la definición de sus políticas de educación, salud e infraestructura.
El principal desafío con la Ley de Competencias es que las regiones estén preparadas para fortalecer sus capacidades técnicas, administrativas y fiscales y se requiere que participen activamente en la elaboración de esta norma para responder, en un futuro, por su aplicación.
De igual manera se deben compartir todos estos procesos en distintos escenarios regionales como estas discusiones que se promovieron en el foro organizado por el Congreso de la República y El Tiempo en Villavicencio el pasado 27 de marzo. Seguramente los medios de comunicación tomarán la vocería, de igual manera la academia y las fuerzas vivas de la Nación y los territorios abrirán espacios de reflexión y de análisis porque esta es una definición clave para el manejo adecuado de nuestro país hacia el futuro próximo.
@veranodelarosa
