En medio de la violencia del ELN en el Catatumbo y de todos los grupos ilegales, surge un nuevo factor con apoyo velado del Gobierno: las guardias campesinas e indígenas.

El país está saturado de violencia. El ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en el Cesar en noviembre de 2024, en marzo fue canjeado por la fuerza por su hermana Clara. Antier nomás, cinco ganaderos fueron “retenidos” en Casanare, procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por presuntos tratos con disidencias de las FARC.

La extorsión afecta a productores rurales y pobladores urbanos; el abigeato es pan de cada día y la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, unidos en Brigadas y Frentes Solidarios de Seguridad creados por Fedegán, cuya colaboración con las autoridades evita invasiones o logra el desalojo pacífico.

Tres factores se repiten en las invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de ONG a comunidades rurales que exigen recuperación de tierras, como el Coordinador Nacional Agrario, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi, que para el CNA era “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.

Segundo: la presencia de agitadores profesionales que lanzan consignas comunistas como el anticapitalismo y la tierra para quien la trabaja, exacerban el odio contra los propietarios e inducen invasiones.

Tercero: las Guardias Campesinas e indígenas que tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de militares y policías.

En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era con suficiencia en el artículo 64 original, como también los indígenas, a quienes la Carta del 91 llenó de garantías.

Los indígenas son el 4,4% de la población y los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero reclaman “derechos ancestrales” y la ampliación de sus resguardos es la principal demanda de los que hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.

Tienen, además, justicia especial y Duque permitió la contratación directa con sus organizaciones, a dónde han ido a parar ¡537 mil millones de pesos! durante este gobierno, para comprar apoyo callejero cuando y donde se necesite, y generar el ambiente de “estallido” con el que ganó y busca ganar en 2026 para gobernar en cuerpo ajeno.

Indígenas y campesinos… ¿Un nuevo poder para sostener la revolución petrista?

@jflafaurie