En Colombia, tristemente, se ha vuelto costumbre confundir la profesión de abogado con la de cliente. Sin embargo, lo cierto es que no existen abogados de guerrilleros, ni abogados de paramilitares, ni abogados de ladrones. Existen abogados. Punto. Profesionales del derecho que, en cumplimiento de un rol esencial en el Estado de Derecho, garantizan que todo ciudadano, sin importar lo que le acuse de haber hecho, tenga derecho a una defensa técnica, a ser escuchado, a contar con un juicio justo.
Esa línea se ha ido desdibujando. Cada vez es más común ver cómo los defensores terminan siendo señalados, estigmatizados e incluso amenazados por simplemente hacer su trabajo. Como si por defender a un acusado de homicidio, el abogado automáticamente se volviera asesino.
Pero, aún más grave resulta esta confusión en un país donde se suele condenar primero la opinión pública que en un juicio oral y público. Donde un titular basta para destruir la presunción de inocencia de una persona antes de que un juez llegue a esta conclusión después de haber practicado un juicio. En ese escenario, el rol del abogado penalista se vuelve aún más crucial: somos la última barrera entre la persona y la opinión pública desbordada, entre la justicia mediática y la justicia real. Porque mientras la sociedad exige respuestas inmediatas, nosotros exigimos garantías. Mientras se pide castigo, nosotros pedimos pruebas.
La profesión del abogado penalista está al servicio de la justicia, no del delito. No se elige a quién se defiende por afinidades personales, políticas o morales, sino porque toda persona culpable o inocente, merece una defensa digna y con garantías. La defensa técnica no es un favor, es un derecho fundamental. Es la herramienta que permite evitar abusos, corregir errores y equilibrar un sistema que muchas veces se ve contaminado por prejuicios y presiones externas. En un país donde se condena primero en los medios, olvidar esto es abrirle la puerta al linchamiento social, al odio disfrazado de justicia y al autoritarismo camuflado de moral.
Los abogados penalistas somos, ante todo, profesionales que creemos en el poder transformador del derecho. Creemos en la defensa como un pilar esencial de la justicia, en las segundas oportunidades como una posibilidad real para quienes han fallado, y sobre todo, en la presunción de inocencia como una garantía que no se negocia.
No estamos para juzgar, sino para velar porque cada persona, sin importar el delito que se le impute, sea tratada con dignidad, con respeto y dentro del marco de la ley. Porque sin defensa, no hay justicia.
@CancinoAbog
