No hay duda alguna: la clase política colombiana es la más inteligente del mundo. No se deja pillar, se adapta a la incertidumbre social y económica del momento político, se resbala, se cae y se levanta con facilidad y le saca utilidad a la tempestad política sin ningún descontrol emocional. Líderes sin estudios llegan a la cima del poder escalando posiciones como subiendo las escalinatas en Guatapé. Comparte el poder con su círculo familiar más cercano sin caer en las trampas del nepotismo y los anillos grotescos de las inhabilidades constitucionales o legales. Por eso, se rodean de primos, tíos y sobrinos. Familiares cercanos confiables.
En efecto, el sector público se cuida mucho del nepotismo especialmente quienes tienen la facultad de nombrar y contratar, para lo cual observan con atención lo que dice el artículo 126 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015.
La primera dama que ahora se denomina Gestora Social, no ostenta el carácter de servidor público. La cónyuge o esposa del alcalde puede desempeñar esta labor, pero no podría ser candidata a un cargo de elección popular dentro de esa jurisdicción sino después del término de incompatibilidad ya que estaría dentro de las causales de inhabilidades indicadas en la Ley 617 de 2000.
La estrategia electoral que se está cocinando en muchos municipios del país es designar gestoras sociales sin ningún parentesco con el alcalde, pero revistada de todos los poderes políticos para que ejerza con eficiencia dicho cargo, muestre sus habilidades gerenciales y de liderazgo y venda su imagen en ese mercado electoral sin competir con los demás aspirantes, pero con financiación gratuita del Estado.
Esta gestora social le habla al oído al nominador, recibe y lanza señales de poder como un experto cátcher de béisbol, le muerde tiernamente las orejas a su jefe y hasta cumple su deber conyugal clandestino como una gata golosa en un tejado caliente. Además, ejerce autoridad detrás del telón gozando de lo que los romanos llamaban el ius imperium (el derecho a dar órdenes, imponer normas y organizarse y hasta de ejecutar tareas que la ciudadanía entiende como actos de gobierno).
Este vacío normativo no es sano. Se presta a toda clase de despelote democrático. Por tanto, el señor Ministro del Interior, Armando Benedetti, debería intervenir con un importante proyecto de ley que reforme el actual y débil régimen de inhabilidades. El poder es libertad o coerción, según nos enseña el filósofo surcoreano Byung- Chul Han.
@FcuelloDuarte
